Son varios los países del mundo donde las cárceles están sobrepobladas y en algunos constituyen con el Covid 19, lugares altamente peligrosos, así lo ha afirmado la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas Michelle Bachelet y las consecuencias de dejar toda esa población de lado aparejarían consecuencias catastróficas.
En nuestro país se denunció desde la Defensoría del Pueblo, la existencia de diferentes campañas mediáticas para responsabilizar al Gobierno Nacional de preparar una liberación masiva de presos frente a la pandemia. Nuevamente aparecen voces que apuestan a convulsionar nuestra Paz Social como en el caso de lo sucedido en los Centros de Alojamientos Transitorios dispuestos por el Estado Provincial en resguardo de la salud de toda nuestra Comunidad, voces que ahora tienden a inquietar a los familiares que han sufrido la pérdida de un ser querido y por ello Institucionalmente hemos decidido apoyar a organizaciones como Fundación Unidos por el Dolor , en cuanto a que el Poder Judicial debe asumir la responsabilidad que el momento histórico requiere respecto a las medidas a tomar máxime, cuando nuestro estatus sanitario no presenta hasta el día de hoy caso de coronavirus alguno. Si solicitaremos, por una cuestión de derechos humanos esenciales, que se adopten en los distintos lugares de detención tanto de mujeres como de hombres, las máximas medidas de prevención sanitaria posibles y necesarias para evitar el contagio. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, resaltó que esta cuestión está en manos del Poder Judicial exclusivamente y para otorgar prisiones domiciliarias deberá cumplir cada juez con las normativas vigentes. Resaltó que lo más importante es que en este momento no sumemos mayores angustias a familias enteras que han sido destrozadas por delincuentes que hoy cumplen distintas condenas y también con procesos penales en diferentes estados, por lo cual entendemos que en Formosa no se debería dar dará esta posibilidad. Por otra parte, añadió que siempre se deberá aplicar la Ley de Victimas 27372 la cual determina en su art 5 que ante la posibilidad del dictado de cualquier beneficio el juez tiene la obligación de citar a la víctima o a sus familiares para decidir cualquier detención fuera de la cárcel. Gialluca dijo que es cierto que en la Provincia de Buenos Aires existen jueces que están actuando muy irresponsablemente y no dan vista alguna a la persona ofendida directamente por el delito, llámese cónyuge, convivientes, padres, hijos, hermanos, tutores o guardadores. El irrestricto respeto de las Convenciones internacionales a las que adherimos implica no sólo el respeto de quienes están privados de libertad sino también a quienes sufren la perdida de seres queridos como consecuencia de delitos, que hoy claman a la justicia, ante la posibilidad de que queden libres o con prisión domiciliaria aquellos, que, al cometer delitos, no tuvieron ni piedad ni respeto de derecho alguno.