El Defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, valoró el trabajo y la intervención del Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA) de la Provincia, previo a la decisión de las ocho mujeres, madres de familia, que interrumpieron el tránsito en la Ruta 11 a la altura del acceso al Bº Namqom en procura de una solución a su problema habitacional.
Al respecto el Ombudsman Provincial, destacó que, tal y como explicamos a las manifestantes, la desafectación de un terreno ya adjudicado a otra persona y la constitución de un nuevo derecho de ocupación, es un trámite que demanda la inversión de tiempo. En el caso, la mitad más difícil del camino ya fue recorrida por el ICA, pues cursaron las intimaciones a más de una decena de personas que desde hace casi una década no habitan las parcelas que oportunamente le fueron adjudicadas, otorgándoseles un plazo de diez días para regularizar su situación. Habiendo transcurrido un tercio del lapso señalado, se está próximo, cuanto menos, a tener una idea de “con que disponibilidad de parcelas se contará”. La desafectación de un adjudicatario no es una labor sencilla, pues deben seguirse los pasos administrativos y legales previos previstos a tal fin, relevamientos, constataciones, visitas sociales, etc., a efectos de no caer en planteos de nulidad en dicho procedimiento. Una vez liberados los lotes, continúo el funcionario provincial, recién puede habilitarse un listado de personas para el otorgamiento de los mismos conforme a las necesidades de cada grupo familiar, privilegiando siempre a los más números, con hijos menores, adultos mayores, personas con discapacidad, etc. Es por ello que, un punto importante en la conciliación operada durante la Audiencia Multipropósito en el Juzgado Federal Nº 2 de Formosa, a cargo del Juez Subrogante Fernando Carbajal, fue el de lograr que las reclamantes, madres de familias que aún no poseen inmueble propio, comprendan que, para hacer las cosas conforme a Derecho, es preciso el cumplimiento de determinadas formalidades que llevan un tiempo concretarlas y que, entre otras cosas, tienen por fin el asegurarles que al momento de serles otorgado un inmueble, no sea pasible de serles despojado por planteos de falta de legalidad en el proceso. Afortunadamente las manifestantes han comprendido la importancia de la espera para que el ICA brinde una solución definitiva a la problemática que aqueja a sus familias y que, en dicho periodo, de su parte, no medien violaciones a la Constitución y las Leyes que nos garantizan a todos los argentinos el derecho de transitar libremente por todo el territorio del país. Es decir, que no se utilice razón alguna para justificar el desconocimiento a la potestad de libre tránsito que nos cabe a todos por el sólo hecho de ser miembros de una sociedad jurídicamente amparada por un Estado.