El actual Ministro de Economía Martín Guzmán, afirmó que las empresas se seguirán rigiendo por el mercado oficial, por lo que no debería haber impacto en los -precios minoristas- y añadió que las remarcaciones de precios no deberían acelerarse con las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional.
La confirmación por parte del citado, de que el impuesto del 30% no sólo será para el turismo, sino que regirá también para la compra de USD 200 por mes, genera dudas respecto del impacto de esta medida sobre la inflación. Desde la Defensoría del Pueblo, se señaló que en principio, estas medidas no deberían influir en el precio de los alimentos y bebidas en general, ya que las empresas alimentarias operan con el dólar oficial que cotiza a 59,76 pesos, “no obstante lo cual, es más que evidente que en los últimos días en un contexto económico donde conviven un sinnúmero de cotizaciones de dólares, las empresas alimentarias, proveedores y los supermercadistas han remarcado y continúan haciéndolo en todos sus productos ya que no existe una noción o elementos que determine cual es el verdadero valor del tipo de cambio, a ello debe sumársele que por otro lado, todos están pensando en la reposición del IVA, lo cual generará mayor presión inflacionaria en productos cuya alícuota se había rebajado a 0% como en aceites, arroz, azúcar, conservas, harina, huevos, leche, pan, pastas secas, yerba, yogurt, etc. y por si esto fuera poco, los productores de alimentos y proveedores, “buscan resguardarse del próximo relanzamiento de Precios Cuidados, que tendrá una canasta más concentrada en bienes de consumo básico, con presencia de más -primeras marcas- y con un mayor control de parte de la Secretaria de Comercio de Nación”. Como consecuencia de ello, desde el Organismo de la Constitución, se realizó en el día de ayer una serie de relevamientos sobre productos que se ofrecen en los super e hipermercados locales y así se pudieron detectar, nuevas remarcaciones en el precio de las carnes, que por kilo en distintos cortes pasaron en el caso de la costilla de venderse a $280 a $320, la molida especial a $400, la pulpa de $280 pasó a $390, el cerdo pernil de $170 a $200, la aguja de $170 a $200, el cuadril de $300 a $380, en el caso de los aceites por litro se encuentran desde $97 a $125, el arroz por kilo $75, harina por kilo $51, fideos por 500gr desde $35 a $76, pure de tomate por 520gr $34, tomate perita en lata por 400gr $43, yerba mate por kilo $208, atún 300gr desde $74 a $352.40, mayonesa 500gr desde $56 a $80, manteca 200gr $150, lata de choclo 350gr $59, lata de arveja 350gr $26, leche en sachet $65, queso cremoso por kg $250, en barra $526, pan miñón $85, francés $66.19 y un kilo de pollo $97.90, muslo x 2kg $210. De esta manera para proteger a los consumidores, se les sugirió comparar precios incluyendo a los Almacenes de Barrios y Autoservicios, dado que en nuestro mercado local existe una altísima concentración y falta de competencia en los pocos supermercados e hipermercados existentes y por ello Institucionalmente, el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca informó que hemos solicitado no solamente a la Secretaria de Comercio de Nación y a la CNDC, sino también sugeriremos al nuevo Ministro de Economía Martín Guzman, “que se investigue y se fiscalicen los precios y valores en la cadena de comercialización de los alimentos, esto es desde la producción, pasando por lo proveedores y hasta que llegan a las góndolas de los supermercados e hipermercados, para conocer bien quienes son los responsables de los mayores costos, pues todos afirman de que ha habido incrementos en los productos de estación (carne, pollo, etc.) únicamente, pero los consumidores denuncian que todo continúa aumentando y que este año aún optando por segundas y terceras marcas, los salarios no alcanzan para cubrir la Canasta Básica Alimentaria y todo esto por la única razón de que los alimentos en general están sobreevaluados y no poseen precios razonables y justos, lo cual termina perjudicando la posibilidad de acceso a los mismos a toda la población en general, pero esencialmente a las franjas sociales más vulnerables como lo son los jubilados, pensionados, cuentapropistas y otros.