Frente a los distintos cortes de la Ruta Nacional Nº 11, que se iniciaron el día miércoles aproximadamente a las 20:00 horas a la altura del Bº Namqom de nuestra Ciudad Capital y que luego se repitieran en el kilómetro 4 -Puerto Pilcomayo-, en Puerto Falcón en la zona de entrada a la Aduana, a la altura de la Localidad de Riacho Negro y también en la intersección de la Av. Los Constituyentes y la R.N. Nº 11, donde en varios lugares, no existen caminos alternativos; desde la Defensoría del Pueblo se denunciaron estos hechos en base a lo que prevé el CPA y Leyes dictadas en su consecuencia, en nombre y representación de los miles de ciudadanos que poseen el legítimo derecho a transitar libremente nuestro territorio, por ante el Juzgado Federal de Turno y la Fiscalía Federal Nº 1.
El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que todos estos cortes, “son de carácter netamente extorsivos y sin ningún fundamento o justificación válida, toda vez que en el caso de los extractores de carnadas vivas, se los ha atendido y se los continúa atendiendo y recibiendo tanto por este Organismo de la Constitución como por el Ministerio de la Producción y Ambiente, otorgándoseles beneficios especiales entre los que se encuentran las habilitaciones de acopio de carnadas para que puedan ser comercializadas extraprovincialmente y otras, siempre dentro del -Plan Piloto de Veda Extendida-, donde se eliminaron los subsidios económicos”; “en lo que respecta a las Asociaciones o Movimientos Sociales, Barrios de Pie, Pueblo Unido, La Dignidad, La Resistencia, Darío Santillán, Corriente Clasista y Combativa y Frente de Cooperativas, en las primeras horas del día de ayer, la Dirección General de Rentas de la Provincia, cumplido con los recaudos de datos y documentaciones obligatorias y necesarias para el transporte terrestre, los 2 camiones con mercaderías continuaron su tránsito sin ningún inconveniente”. Gialluca afirmó que lo que el Estado Provincial no puede obligarse es a, “firmar un documento de que los camiones que ingresen a nuestra provincia sin las documentaciones en regla, puedan continuar su tránsito o que los mismos no sean inspeccionados por Gendarmería Nacional o los puestos de controles de las fuerzas provinciales, ya que todo eso sería directamente pedir que no se haga cumplir y no se apliquen las normativas vigentes y a las cuales todos los ciudadanos estamos obligados a que tengamos que exhibir las documentaciones tanto de los rodados como personales cuando utilizamos ya sea una traza nacional o provincial”. Lo que el Frente Darío Santillán exigía, “era justamente un documento de que ningún camión de carga sería controlado por motivo alguno”. Agregó por último que, con las denuncias ante la Justicia Federal, no estamos de ninguna manera criminalizando las protestas sociales y lo único que se pide es que se cumplan las leyes que hoy están vigentes y por ello la expresión criminalización de la protesta social se utiliza por algunos referentes o sectores sociales para referirse a la aplicación del Código Penal y los Delitos previstos en el mismo y las condenas que contempla. La misma se encuentra relacionada con un debate en el seno de la sociedad, sobre los límites de los actos de protesta y sobre todo, las medidas de acción directa, examinados como ejercicio de la libertad de asociación y la libertad de expresión y su potencial colisión con los derechos individuales o colectivos de otras personas o con los daños materiales que se pudieran ocasionar a bienes privados o públicos.