Para Gialluca el Presidente no entiende que su administración termina el 10 de Diciembre y tal confusión la vamos a pagar todos los argentinos-
El Defensor del Pueblo de la Provincia, José Leonardo Gialluca, calificó de antidemocrática, ilegal y aberrante el intento del Presidente de la República, Mauricio Macri de imponerle a su sucesor Alberto Fernández, la carga de tener que lidiar durante su mandato con Directores de la gestión saliente en áreas neurálgicas del Gobierno Nacional. El funcionario destacó que se entiende que todo Presidente entrante, al momento de asumir, lo hace nombrando a personas de su confianza para que ocupen los cargos directivos, pues las mismas serán nada menos que las encargadas de ejecutar las políticas públicas que el estadista tiene pensadas para el ejercicio del poder que le cabe, por el tiempo legalmente previsto a tal fin. En el caso del primer mandatario Argentino lo es por cuatro años y una eventual reelección, por idéntico periodo. El Ombudsman, Provincial concluyó que Macri “no entiende que su gobierno fenece el 10 de diciembre” y que todos los puestos jerárquicos ocupados por personas que ingresaron con él deben renovarse. Más allá de la chicana política, remarcó Gialluca, los Decretos firmados por el Presidente, pretendiendo extender el mandato de sus funcionarios por cinco años representan una maniobra abiertamente ilegal, antidemocrática y una barrabasada que tendremos que pagar todos los argentinos, dado que, en caso de remoción de los actuales directores y jerárquicos del Gobierno Nacional, el Decreto firmado por Macri prevé millonarias indemnizaciones, lo que es evidencia flagrante de la corruptela actualmente reinante y una maniobra desesperada del Presidente saliente de prolongar su mandato más allá del 10 de Diciembre. El Presidente Macri, en los últimos días, entre gallos y medianoche dictó el referido Decreto y pretende en el Congreso de la Nación una movilización para que los Directores de Radio y Televisión Argentina S. E. (RTA), del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y de la Defensoría del Público, áreas nacionales claves de control y difusión, sean acólitos a él, lo cual representa otra barbaridad que se pretende realizar de espaldas a la Constitución y a las Leyes de la Nación dictadas en consecuencia. Esperamos que la nueva gestión de gobierno a nivel nacional ponga las cosas en su lugar desde el inicio y/o, eventualmente, la Justicia Federal haga lo propio pues, conforme inveterada Doctrina Judicial, avalada por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego del Dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación, S/N – 2001 – Tomo: 236, Página: 91, por la Doctrina de los actos propios expresa que “la estabilidad de los actos administrativos cede cuando la decisión revocada carece de las condiciones esenciales de validez por hallarse afectada de vicios graves y ostensibles”, tal y como sucede en estos casos.-