Con el inicio del mes de noviembre, desde la -Dirección de Usuarios y Consumidores- de la Defensoría del Pueblo, se advirtió que se producirán importantes aumentos en productos alimenticios, harinas y sus derivados, productos de limpieza personal, lácteos y además el próximo 14 de noviembre vence el congelamiento de los combustibles y ya existe toda una disyuntiva acerca de que si se aumentan los mismos de manera gradual o en su defecto dar un primer aumento más elevado cercano al 10% durante noviembre y otro a fin de año.
Los que impulsan la vía gradual, se fundan en que, si bien sería mejor aplicar el aumento de una sola vez, la situación que se vive en Ecuador y Chile, obliga a ser sumamente prudentes y por eso se inclinan por subas menores en dos etapas y está el otro sector que se inclina por dar un aumento grande ahora, antes de que siga aumentando la inflación y el tipo de cambio se deprecie. En este contexto, el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca informó que, en defensa de los derechos económicos de los usuarios y consumidores, se solicitó la colaboración del hasta ahora Presidente de la Nación Mauricio Macri y se Instó además al Ministro de Hacienda de la Nación Jorge Roberto Hernán Lacunza, al Secretario de Hacienda Rodrigo Pena y al Secretario de Política Económica Sebastián Katz, para que se apruebe en el menor tiempo material posible en el Congreso de la Nación, el Proyecto de “Ley de Góndolas” pues con la misma se podrá frenar la escalada de los precios de los alimentos además de promover una mayor variedad de marcas, a pesar de la oposición de los supermercadistas. Gialluca señaló que, la “Ley de Góndolas”, tiene “moción de preferencia y en la próxima sesión ordinaria, debe ser tratada y por eso también, le hemos pedido formalmente a la Presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la Nación Marcela Fabiana Passo, que haga todo el esfuerzo legislativo necesario para que se apruebe esta norma”. Es que la misma, afirmaron desde la Defensoría del Pueblo, asegurará una sana competencia entre diferentes marcas en los supermercados y además favorecerá a que productos nacionales sean encontrados en las góndolas, “ya que los consumidores cuando vamos a realizar las compras nos hallamos con diferentes productos, pero resulta que todos ellos son producidos, por un número limitado de empresas alimenticias que vienen monopolizando el 80% de las góndolas desde hace años, y entonces la gente cree que son diferentes empresarios o fabricantes pero la realidad nos muestra que todos estos productos salen de un grupo cerradísimo de empresas y que son las que están actualmente manejando el mercado y obviamente imponiendo los precios de manera unilateral sin la presencia necesaria del Estado Nacional y aquí tenemos que terminar con las “cartelizaciones, con las monopolizaciones”, donde las empresas alimenticias o los grandes supermercados deciden no solamente los valores sino cuando y cantidades a entregar de mercaderías, (como también congelar precios cuando antes ya los subieron anticipadamente para hacer ahora todo un marketing y show constituyéndose en autores y responsables de propagandas engañosas), y para esto necesitamos los consumidores que se apruebe la “Ley de Góndolas” para cuando llegue la gente a las mismas tengamos una mayor diversidad de productos, pero de distintas empresas y con precios diferentes y esto hará que podamos hablar de una competencia real y entonces lograremos naturalmente que existan precios justos, razonables, de los alimentos, de los lácteos y sus derivados, de los productos de higiene y que además al mismo tiempo se favorezca a toda la producción nacional. El Defensor del Pueblo, denunció que las Cámaras de Supermercados y Autoservicio, “lo único que buscan son mayores ganancias, a pesar de que ya tienen dolarizados los precios de los alimentos y a esto le tenemos que sumar las permanentes remarcaciones que vienen haciendo, -por las dudas o para conseguir más dividendos a su favor-, y en esto le vamos a exigir al actual Presidente Electo Dr. Alberto Fernández, “que no gobierne para los empresarios ni para las corporaciones como se está haciendo en la actualidad, sino que, con los niveles de pobreza e indigencia y con el hambre que reina en nuestro País, lleve adelante proyectos a favor de la gente, de los consumidores y todo ello sin que sean incompatibles con los intereses de los empresarios que deben tener sus ganancias, pero siempre razonables, sensatas y fiscalizadas por las Autoridades Competentes del Gobierno Nacional”.