-Un Juez Federal no puede poner excusas para liberar el tránsito cuando se efectúa un corte en una Ruta Nacional, pues en la práctica las Fuerzas de Seguridad inmediatamente toman intervención y le comunican de estos ilícitos al mismo y quedan a la espera de una orden del Juez para proceder conforme a derecho-
La Defensoría del Pueblo, por intermedio de su Secretaría Letrada, se mostró abiertamente en desacuerdo con las públicas afirmaciones vertidas por el Juez Federal Subrogante de Formosa, Fernando Carbajal, quien dejó deslizar que además de realizar la denuncia contra quienes corten las rutas nacionales, el Organismo de la Constitución debería actuar sobre las causas que originan los “piquetes”. Jurídicamente hablando, destacó el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, el juez es quien debe aplicar la ley. Un magistrado federal, abundó el funcionario provincial, no tiene en que excusar su intervención si un justiciable se presenta a denunciar que hay personas interrumpiendo el tránsito en una Ruta Nacional, pues existe una Ley Nacional que se llama Código Penal y que en su art. 194 establece que: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años.” En tales casos se espera que quien encarna la Jurisdicción Federal, el Juez, cumpla con la función para la que ha sido designado, que no es otra que la de garantizar la vigencia de la Constitución Nacional y las normas dictadas en su consecuencia. Gialluca consideró que el Dr. Carbajal debería ocuparse más bien del cumplimiento de sus obligaciones que de las que son propias de los organismos provinciales, de las cuales tampoco ha demostrado tener conocimiento, puesto que tanto la Defensoría del Pueblo, como el Programa de Autoconstrucción de Viviendas, el Instituto de Comunidades Aborígenes, el Ministerio de Educación, la Policía de la Provincia entre otros estamentos, vienen realizado ingentes esfuerzos en la búsqueda de soluciones a las diversas -pretensiones esgrimidas- por los manifestantes tanto en el caso del Barrio Namqom como en Bartolomé de las Casas, dos puntos sobre las Rutas Nacionales Nº 81 y 11, respectivamente, que actualmente se encuentran con corte por parte de “unas pocas personas”. En el caso de Bartolomé de las Casas, una facción de la población quiere literalmente “copar” la Comisión de Adjudicación de Viviendas de Autoconstrucción y en el Namqom se pretende que sea un reducido grupo de manifestantes, el que decida como los Jueces Provinciales deben impartir justicia. Es lo que como denunciantes solicitamos al Juez Federal, dado que un grupo de no más de 30 personas “tienen literalmente de rehenes” a todos los formoseños, situación esta que el Juez Carbajal no parece valorar de igual manera que nosotros. Finalmente, Gialluca consideró que es preciso que el magistrado federal lejos de poner excusas para asegurar la transitabilidad de las Rutas Nacionales en la Provincia muestre decisión al momento de cumplir con su deber. Es por ello, que la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia le ha ordenado al mismo que debe asumir una actitud proactiva a los fines de la solución de los conflictos, cuando estos se encuentran en vías de ejecución, propiciando medios alternativos y con una visión humana y contextualizada de los hechos, no siendo ocioso recordar que la CSJN, mediante Acordada Nº 5 del 24/2/09, adhirió a las 100 reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad, adoptadas en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana. Es decir, que en estos casos el juzgador no debe adoptar una postura impasible, sino que le incumbe coadyuvar a la solución de conflicto y tal como lo dice al respecto Morello Sosa Berizonce, las reglas de juego no le permiten al Juez refugiarse en una actitud de árbitro, de dejar hacer que, sin lugar a dudas solo sirve para boicotear los bienes de la Justicia.