Se llevó a cabo en la Sede de la Defensoría del Pueblo una reunión entre vecinos del Barrio Sagrado Corazón de María, quienes fueron recibidos por el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca y la Asesora Letrada Carolina Ruiz Diaz, toda vez que algunos de los antes citados vienen recibiendo demandas judiciales por parte de uno de los propietarios el Señor Martín Miguel Galli.
Las acciones de reivindicación han sido notificadas hasta el momento a 3 ocupantes, quienes han ejercido su derecho de defensa, habiendo vencido el plazo para contestar las demandas. No obstante lo cual y más allá de las acciones judiciales, el Defensor del Pueblo señaló que existiendo la posibilidad de que se promuevan otras contra los demás poseedores que habitan en el terreno en litigio, nos han peticionado nuestra intervención para interceder ante el demandante y que se contemple la posibilidad de que se regularice la situación Dominial de los mismos, a través del financiamiento de un plan de pago, acorde a las posibilidades económicas de cada una de las familias que se encuentran viviendo allí. Todos los vecinos, se comprometieron a acercar al Organismo de la Constitución, una propuesta de pago, que será elevada al dueño del inmueble y poder obtener así una solución extrajudicial y también plasmarla en aquellos casos en que existan juicios ya en trámite. Gialluca recordó que, en los últimos tiempos, y con diferentes gestiones municipales en la ciudad, teniendo en consideración la necesidad de miles de familias o personas que necesitan dejar de pagar alquileres por una pieza o un departamento, se han sumado las ofertas de loteamientos de terrenos por parte de personas físicas privadas y en otros casos de empresas o inmobiliarias, que no cumplen con lo que establecen las Ordenanzas vigentes en la materia. Ante esto, desde la Defensoría del Pueblo se recomendó a quienes deseen adquirir un lote, tener en cuenta una serie de sugerencias y advertencias, para no caer en estafas o encontrarse en el futuro con inconvenientes que pueden terminar en los estrados judiciales. Por ello, es indispensable contar con toda la información necesaria y justamente eso es lo que no hacen o brindan los vendedores recordándose que se encuentran vigentes ordenanzas que exigen que, para la venta de terrenos en lotes, legalmente se debe tener previamente el instrumento o resolución de aprobación de la Dirección de Catastro y Tierras Fiscales del Municipio, con los correspondientes planos de mensura y subdivisión y por último el -visto bueno- para la venta. Con esto se asegura el cumplimiento de todas las obras de infraestructura necesarias en cada emprendimiento, tales como aperturas de calles, instalaciones de servicios públicos esenciales, agua potable, cloaca y energía eléctrica. Sin embargo, planteó el Defensor del Pueblo que se vienen produciendo «atajos legales» por los altos montos de inversión que implica cumplir con lo antes mencionado. Desde el Organismo de la Constitución, se denunció que hace años «la voracidad del municipio dentro del ejido urbano hacía que los porcentajes que se le terminaban sacando o ganado a los propietarios o responsables de proyectos eran excesivos, situación que se ha mitigado en la actualidad, pero que no llega a ser la ideal, como para incentivar este tipo de actividades», por lo que nuestra función Institucional está centrada hoy en lograr Acuerdos o Mediaciones Extrajudiciales que contemplen los intereses de los poseedores de buena fe y de los propietarios, máxime en una época de profunda y grave crisis económica y social, donde el problema habitacional, es uno de los más delicados en nuestra provincia.