Luego de un relevamiento llevado a cabo en panaderías de nuestra ciudad por la Defensoría del Pueblo, se pudo determinar que la bolsa de 50kg de harina que se vendía aproximadamente a $990, “con mucha suerte hoy se la puede conseguir a $1200 – $1300”, pues todos los negocios del rubro señalaron que sus proveedores por la inestabilidad del dólar, los molinos harineros no entregarán harina a las panaderías por algunos días, ya que no tienen un precio de referencia para la bolsa de 50 kilos.
El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca señaló que, esta situación es generalizada en todo el País y que las Asociaciones de Panaderos entienden que estamos pasando por momentos muy complicados, pero son ellos los que tienen que dar la cara a los clientes y obviamente al no existir un precio de referencia, se están quedando sin materia prima para producir sus diferentes productos y la intensión es no abandonar a los clientes, por lo cual, desde la -Dirección de Derechos del Consumidor y Usuarios- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se le solicitó al Ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica que lleve adelante todas las acciones y gestiones que sean necesarias para que los molinos harineros, no retengan abusivamente la harina y de ese modo, no se corte la cadena de producción de un elemento básico en la canasta de todas las familias formoseñas y obviamente argentinas. Siendo necesario además que, el Gobierno Nacional en general, acuerde con la Unión Industrial Argentina (UIA), cuyo Vicepresidencia se encuentra a cargo de José Urtubey, hermano del Gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, y con los demás sectores de la producción que han tenido fuertes ganancias en los últimos tiempos, que hagan el esfuerzo necesario para evitar que los consumidores que somos el último eslabón de toda la cadena de producción, “no solamente no tengamos que pagar precios injustificados e irracionales de productos esenciales como el pan, pues no somos responsables ni de la suba del dólar, del riesgo país y de la caída de los mercados, y necesitamos alguna previsibilidad por lo menos en lo que respecta al precio de los alimentos y medicamentos, puesto que, el Gobierno Nacional en lugar de distribuir culpas, tiene la obligación legal y constitucional de gobernar y plantear soluciones urgentes para la gente”.