Un nuevo corte de ruta sobre la Nacional Nº 81, a la altura de la Comunidad Aborigen de Bartolomé de las Casas, llevo a la Defensoría del Pueblo a intentar presentar el día de ayer en horas de la mañana al Fiscal Federal en Turno Nº 2 a cargo del Dr. Luis Benitez, otra formal denuncia penal, solicitando medidas urgentes, para reestablecer el ejercicio del derecho al libre tránsito sobre la citada traza, se individualizara a los partícipes intelectuales y materiales del hecho denunciado, determinar su responsabilidad penal y, eventualmente, aplicar las penas previstas en el C.P.A.
Desde el Organismo de la Constitución, su titular Dr. José Leonardo Gialluca, advirtió que más allá de las motivaciones que se vienen dando en la Comunidad antes citada y que se relacionan con el cambio de autoridades del Hospital de la Localidad de Comandante Fontana, mas puntualmente de la Directora de dicho Nosocomio, Dra. Elsa Barrios y la demanda de un médico para el -Centro de Salud- de Bartolomé de las Casas; lo cierto es que nadie puede desconocer que se esta cometiendo un delito y, a su vez, el mismo ocasiona graves perjuicios a todos aquellos ciudadanos que necesitan transitar libremente por la ruta nacional Nº 81. Llamativamente el Juez Federal Subrogante, Fernando Carbajal y la Secretaria Penal María Belén López Mace, nuevamente entienden que para la liberación de un espacio del dominio público a los fines de asegurar su uso libre por el conjunto de sus ciudadanos, no se requiere de previa intervención o autorización judicial y, en consecuencia, que debe ser el Poder Administrador -sin necesidad de intervención del poder judicial e interviniendo en el marco de sus respectiva competencia- el que debe proceder a despejar la ruta que se encuentra en este momento cortada. Así, el Juez Federal Subrogante, insiste en que su Juzgado Federal y -de hecho el Poder Judicial en su conjunto- no tienen por qué intervenir en estos casos y recién le correspondería hacerlo una vez despejada la ruta por la Gendarmería Nacional u otra Fuerza de Seguridad, a los fines de evaluar recién allí, la eventual vulneración de normas penales y establecer las responsabilidades consecuentes. A mayor abundamiento, V.S. concluyó que la justicia, no debe intervenir en el curso de los acontecimientos que pueden suceder en una sociedad. La extraña e infundada postura jurídica de S.S. se enfrenta diametralmente con las peticiones efectuadas por el propio Fiscal Federal Nº 2, Dr. Luis Benitez, donde el citado le recrimina a VS “estar omitiendo administrar justicia” y que dicha desatención por parte del juez implica un “renunciamiento al cumplimiento de los deberes propios del funcionario público”, debiendo el Juez Federal Fernando Carbajal -a su entender- adoptar una postura proactiva y articular canales legales para la justa composición de los intereses en pugna. Desde el Organismo de la Constitución, denuncian enfáticamente que el Juez Federal Subrogante estaría incumpliendo con los deberes que le caben como funcionario público, al dejar que delitos en curso de ejecución continúen llevándose a cabo sin que las fuerzas de seguridad “tengan una orden judicial para poder intervenir conforme a derecho”. Esta inusual conducta del Magistrado antes citado amerita que el Representante del Ministerio Público Fiscal Recurra esta Resolución Judicial, para que de una vez por todas, la Justicia Federal garantice los derechos constitucionales de los ciudadanos y estos puedan transitar libremente a través de las rutas nacionales que atraviesan nuestros territorio provincial, puesto que con esta inconsistente actitud no solamente se alimenta y potencia el caos social, sino que por otro lado, se amparan o protegen a quienes sin derecho alguno mediante los “piquetes” impiden el libre tránsito; trasladándole toda la responsabilidad que tiene la Justicia Federal, a Organismos del Estado Nacional, como es en este caso, la Gendarmería Nacional, que deberá hacer uso de la fuerza publica en la medida de las necesidades pero sin una Orden Judicial, “lo que coloca a sus actuales Autoridades en una difícil situación, toda vez que conforme a las denuncias presentadas por esta Defensoría del Pueblo, deberán liberar la ruta nacional Nº 81 con sus propios medios y elementos, sin poder contar con el acompañamiento y protección de la Justicia Nacional”.