-Se informó que nunca existió Cooperativa alguna que incumplió con sus obligaciones en relación a los engañados y si, personas físicas que se encuentran claramente individualizadas-

Se llevaron a cabo tanto en horas de la mañana como de la tarde, dos reuniones con diferentes grupos de personas que pertenecen a las aproximadamente 500, que fueron estafadas y abusadas en su buena fe, al pretender conseguir un trabajo y de esta manera, pagando sumas de dinero por uniformes, en concepto de seguro de trabajo y una inscripción, que en algunos casos ascendía a la suma, desde $500 hasta los $800 por cada uno de ellos, por lo que un valor aproximado de $350.000 en principio sería el monto de dinero que recibió la Sra. Blanca Galeano, quien luego señaló la misma, en la reunión, al Sr. Néstor Pintos; como la personas física que se quedó con el dinero mencionado. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, de los pedidos de informes, tanto a la Subsecretaría de Economía Social a cargo del Cdor. Ricardo Fischer, ninguna de las cooperativas invocadas, ya sea “Formoseños Trabajando”, “Jóvenes Formoseños” u otras, no se encuentran registradas en el Organismo Competente, al punto tal que una de ellas, llegó a existir pero luego caducó y fue directamente archivada, por lo que, toda esta suma de dinero se pagó a personas físicas individuales y nunca a una cooperativa que se habría conformado supuestamente para trabajar en jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias, dependientes del Ministerio de Cultura y Educación. En ese orden de ideas, resaltó Gialluca que, los reclamantes “poseen planillas de asistencia a sus trabajos durante tres (3) meses, de los Directivos de los establecimientos escolares, por lo que en principio está plenamente acreditada su labor. Lo que no se entiende es la conformidad prestada por los Funcionarios de las escuelas y colegios y la inacción de las áreas de educación para prevenir algo que se venía dando desde hace tiempo, ya que su tardía reacción hizo que luego viralizaran entre los establecimientos educativos las pautas que se deberían haber tomado con anterioridad”. Como conclusión de las dos reuniones, los reclamantes fueron debidamente escuchados y asesorados legalmente, por lo cual se comprometieron a acercar un listado de todas las personas que efectivamente trabajaron con las firmas de los directivos de las distintas Instituciones educativas y desde el Organismo de la Constitución, sugeriremos una solución para los mismos en lo que respecta al pago por los trabajos efectuados, y la responsabilidad penal de quienes hayan estafado a esta personas será establecida oportunamente por el Juez que entiende en la causa a raíz de dos denuncias que se radicaron en las Comisarías del Bº El Colluccio y del Lote Barrio 111 Viviendas. Es en este contexto, donde las fuertes necesidades sociales, económicas y de trabajo, han llevado a estas personas a pagar sumas de dinero que en muchos casos pidieron prestado y ahora las tienen que devolver, para poder así sustentar a sus grupos familiares. Lo cierto es que, fueron engañados por personas físicas y no por una cooperativa, ya que nunca existió de por medio una asociación como ésta, y lo que se dio fueron acciones fraudulentas sobre ciudadanos que conforman las franjas sociales más castigadas de nuestra sociedad y por ello, la Defensoría del Pueblo recomienda que no se entregue suma de dinero alguna a quien invoque ser Coordinadora /Coordinador o Responsables de Cooperativas o de Asociaciones o Fundaciones que prometen obtener trabajos a cambio de pagar determinadas sumas de dinero, pues ello es totalmente falso, y esto trae como consecuencia estas situaciones, donde haremos lo imposible para que a estas personas se les reconozcan al menos los trabajos efectuados y también que aquellos que se alzaron ilegalmente con una importante suma de dinero, sean detenidos y condenados conforme a las normativas del Código Penal Argentino.