-En cuanto al congelamiento de los aumentos que restan para el presente año 2019, fue calificado como una medida política que no beneficia en nada a los usuarios residenciales y termina perjudicando a los comercios y PyMEs-
En el día de ayer, y dentro de las acciones y gestiones que lleva adelante la Defensoría del Pueblo para asesorar, informar y despejar todas las dudas e inquietudes que poseen los usuarios residenciales y comerciales de energía eléctrica en relación a las facturaciones llevadas adelante por la Distribuidora REFSA, conforme al Cuadro Tarifario aprobado oportunamente por el EROSP, fueron atendidas 289 personas y a través de las redes sociales y whatsapp se realizaron consultas por parte de 422 usuarios mayormente del Interior Provincial. Con el cúmulo de antecedentes recopilados y los datos proporcionados por la gente, se efectuarán las presentaciones correspondientes en todos aquellos casos en que “existan dudas o inconsistencias en los registros siempre relacionados con el número de personas que viven en cada hogar, equipamiento eléctrico, modo de uso, y que no se compadezcan con iguales periodos del año pasado”. A medida que trascurría la atención a los usuarios, se conoció el denominado “Plan Octubre” anunciado por el Gobierno Nacional para combatir la inflación en este año electoral y que incluye un freno a los aumentos de tarifas previstas para el 2019 en algunos servicios públicos comprendiendo a la energía eléctrica. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca señaló que, “todas estas medidas fueron empujadas por la inflación de marzo que fue del 4,7% la más alta desde 1992 y que, en realidad, el congelamiento en electricidad -es pura ficción política-, alcanzando solamente a los usuarios residenciales y dejando totalmente abandonados a su suerte a los comerciantes y a las PyMEs, que continuarán bajando sus persianas y despidiendo a sus trabajadores”. Desde el Organismo de la Constitución se informó que, de los aumentos previstos para el año 2019, tenemos los dispuestos por la Resolución Nº 366/18 que fijó un 55% en total y que ya se aplicaron en todo el País los incrementos de la primera etapa que corresponde a un 36 o 38% y que es lo que está pagando la gente actualmente. En cuanto al segundo porcentaje de mayo a julio y al tercero de agosto a octubre que totalizan, “solamente un 19% es el que ha sido dejado sin efecto”. Así entonces afirmar que el Gobierno Nacional “no dispondrá más aumentos en las tarifas de electricidad para el 2019”, es otra gran mentira a los usuarios de conformidad a lo antes explicado. Esto prueba irrefutablemente que es el Gobierno Nacional a través de su Secretaria de Energía, y de CAMMESA las que han determinado los aumentos impagables para la gente, y en el caso de Formosa, donde le debemos sumar el 21% de IVA, (Impuesto Nacional), más el transporte que lo cobra TRASNEA, hace que a diferencia de otras Jurisdicciones, no se recauden impuestos provinciales, ni alumbrado público, por lo que queda únicamente el -VAD- (Valor Agregado de Distribución), que sí lo impone la Distribuidora -REFSA- haciendo frente a todos los gastos, para que la energía llegue a cada hogar, siendo los costos muchos más altos que en otras provincias, pues nuestras Comunidades, están altamente dispersas y no concentradas como en la Provincia de Buenos Aires, “donde además continúan recibiendo un fuerte subsidio nacional por Acuerdos con el Gobierno Central”; y así, hasta el propio Jefe de Gabinetes Marcos Peña, “señaló que el costo mayorista de la energía eléctrica es el mismo para todos y reconoció que la Provincia de Formosa, tiene hoy uno de los valores de distribución (VAD) más bajo del País. No obstante lo cual, se señaló que así y todo por la altísima inflación y por la dolarización de los alimentos y de los medicamentos, en la actualidad a nuestra gente se le hace muy difícil, pagar estas facturas de energía y por ello es que esperamos el Fallo de la Justicia Federal que determine, conforme a la demanda que entablamos contra el Estado Nacional, la inconstitucionalidad de los aumentos determinados en el año 2018 y que se están aplicando a las facturas de consumo de febrero, siendo que somos una provincia electrodependiente y sin gas por red, “por lo cual este anuncio no constituye ningún alivio para nuestra población como lo señaló el Presidente de la Nación”.