El Defensor del Pueblo de la Provincia, José Leonardo Gialluca, al ser consultado sobre lo que está haciendo el Organismo de la Constitución a su cargo, a fin de satisfacer el reclamo que llevan adelante los usuarios del servicio de energía eléctrica de la ciudad de Clorinda que actualmente cortan la ruta nacional 11, en protesta por el incremento en el monto de las facturaciones, expresó: “En la actualidad llevamos adelante un proceso judicial contra el Estado Nacional y su Secretaría de Gobierno de Energía por haber fijado arbitrariamente un aumento del 55 % en el costo del precio mayorista de la energía que, tal y como adelantáramos hace meses, comenzaría a verse reflejado en las facturas recepcionadas en este mes de marzo.
Es comprensible la indignación de los usuarios clorindenses, abundó el Ombudsman Provincial, pues a nadie le resulta gracioso recibir tan abrupto incremento, nada menos que sobre el valor del que se convirtió en el servicio público más caro para todos los argentinos. En este caso, en cuanto a quien se le realiza el requerimiento, me parece que la protesta está mal dirigida hacia REFSA, la cual sin bien es la que aplica la suba, no es la que la dispuso, tal desacierto le cabe al Estado Nacional que es el que autorizó un nuevo tarifazo, pisoteando nuevamente la Constitución Nacional, las Leyes dictadas en consecuencia y el mandato de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le pidió que sea racional al momento de disponer aumentos en los servicios públicos.” Por su parte el Secretario Letrado de la Defensoría, José Porfirio García, manifestó que: “Al decirse que el reclamo se dirija al Estado Nacional, nos referimos a que se utilicen los canales legales de que disponen los ciudadanos para peticionar a sus autoridades. Esto es, sin interrumpir el derecho al libre tránsito de personas que nada tienen que ver con la causa del problema, sino por las instancias administrativas, judiciales y/o eventualmente en el caso de manifestarse que lo hagan pacíficamente, sin afectar el derecho de terceros. Desde la Defensoría solicitamos que la Justicia Federal ordene a ENARSA y a Cammesa que son las empresas estatales nacionales que producen y comercializan la energía de manera monopólica en todo el país, que retrotraigan sus costos a antes de la Resolución Nº 366/18 de la Secretaría de Energía de la Nación, de tal manera que todos los formoseños, obviamente los compueblanos de Clorinda incluidos, paguemos la tarifa sin aumento, a valores a diciembre de 2018; hasta tanto el Estado Nacional realice las Audiencias Públicas a las que está obligado, previo a autorizar cualquier suba y cumpla con los preceptos que la Corte Suprema de Justicia impuso en cuanto a que los costos de las tarifas de los servicios públicos no sean confiscatorios del salario de los argentinos.-”