En horas de la mañana del día de ayer, el Defensor del Pueblo de la Provincia Dr. José Leonardo Gialluca, analizaron conjuntamente con el Delegado de UTA en Formosa Señor Diego Mendoza, la grave situación por la que atraviesan actualmente los aproximadamente 300 choferes de la Empresa -La Nueva Godoy- y -Puerto Tirol-, quienes no cobran sus salarios y por lo tanto desde el día viernes 15 de este mes, han adoptado una medida de fuerza no cubriendo todos los viajes hacia el interior provincial, afectando a usuarios, negocios, y otros rubros con este accionar.
Frente a ello, la -Dirección de Justicia y Mediación Comunitaria-, remitió sendas Actuaciones intimando a los Señores Carlos Sanchez y Gerardo Menghi por -La Nueva Godoy- y además a Guillermo Sosa por -Puerto Tirol-, “a que en el plazo de 24 horas adopten todas las medidas y acciones necesarias con el objeto de regularizar la prestación del servicio que perjudica a la Universalidad de Usuarios del Transporte Público de Mediana y Larga Distancia de todo el Interior Provincial. Asimismo, se le exigió el pago de los haberes a sus empleados en tiempo y forma, bajo apercibimiento de plantear las denuncias pertinentes tanto en Sede Administrativa como en Sede Judicial, ya fuera en el Fuero Penal como Civil”. Gialluca denunció que estas empresas, “no han cumplido por un lado con los usuarios, ya que las unidades que están trabajando en este momento se encuentran en muy mal estado y por otro lado, están utilizando al sector de los choferes y a fines, -pretendiendo que el Gobierno Provincial los subsidie para continuar brindando el servicio-“. El Funcionario Provincial señaló que, vamos a pedir al Director de Transporte de la Provincia Dr. Pablo Córdoba, que dicte los Instrumentos que sean necesarios para que La Nueva Empresa Godoy, “cumpla no solamente con los trabajadores sino que también presente ómnibus en condiciones y que puedan ser utilizados por todos los usuarios del interior formoseño, brindándoles un trato digno, todo ello bajo apercibimiento -de que les suspendan la concesión de las trazas que trabajan actualmente- y las mismas sean otorgadas a otras empresas que tengan realmente voluntad y responsabilidad para trabajar”. En este sentido, también plantearemos a la UTA Seccional Formosa a que obligue a los actuales empresarios de La Nueva Empresa Godoy, “a que dejen de mentirle a la gente y buscar las alternativas válidas y seguras para que los choferes tengan una patronal que posea la obligación de invertir y cumplir con sus deberes”. Ahora en lo que respecta al servicio del transporte urbano de pasajeros brindado por la Empresa -Crucero del Sur Agrupación- y toda vez que como consecuencia, “de una medida nacional de UTA en la cual al adeudárseles a los choferes dos o más cuotas de $2500 que fueron oportunamente acordadas y que corresponden a la recomposición salarial del año 2018”, se Intimó al actual General de la Empresa antes citada, Cesar Gabriel Aguirre, a la UTA Seccional Formosa y a la Subsecretaría de Transporte y Emergencia de la Municipalidad de la Ciudad, “a que por un lado, se abonen las deudas pendientes y por otra parte, se garantice la prestación de un servicio de emergencia que asegure una regularidad de dos (2) horas entre una unidad y otra en todo el territorio de las líneas afectadas, de iniciarse las acciones anunciadas para el día de la fecha a partir de las 22:00 horas, hasta las 6:00 horas del día 19 del mes en curso y días sucesivos”. La Defensoría del Pueblo puso de relieve que todas las partes deben cumplir y el Municipio hacer cumplir la Ordenanza Nº 2143/89 “Reglamento para el Transporte Urbano de Pasajeros de la Ciudad de Formosa”, que en el Inc. p) del art. 38 prevé el servicio de emergencia, pudiendo en estos casos el Ejecutivo Municipal solicitar el Auxilio de la Fuerza Pública para la requisa transitorio de los vehículos y así poder prestar un servicio mínimo de emergencia, buscando siempre que no sean los vecinos que deben cumplir con sus obligaciones laborales o verse en la necesidad de trasladarse de un punto a otro de la ciudad, quienes terminen pagando siempre de sus magros salarios estos incumplimientos empresariales, en donde las huelgas de los choferes ya sean nacionales o provinciales, “se enfrentan a la obligación de los concesionarios y de los gremios, que deben mantener un servicio de emergencia bajo apercibimiento de ley”.