-Se solicitó una urgente intervención del Ministro de Hacienda para que las petroleras no aumenten los combustibles ya que todo esto repercute negativamente en el poder adquisitivo de los trabajadores tanto del sector público como privado-
Desde la -Dirección de Derecho del Consumidor – Usuarios y Contribuyentes Relaciones de Consumo- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se peticionó al Jefe de Gabinete de Ministros Lic. Marcos Peña y al Ministro de Hacienda Lic. Nicolás Dujovne que citen a través de sus Áreas Competentes tanto a las petroleras, como a las empresas que prestan el servicio de telefonía móvil de manera tal, “que no continúen aumentando el precio de los carburantes las primeras y en el caso de las empresas que prestan servicios que mantengan sus márgenes de ganancias actuales, toda vez que frente a la situación social y económica que se vive, con una inflación descontrolada en los primeros meses de este año, donde ya se prevé aproximadamente un índice del 4% para el mes de febrero y un anual del 37% o más, que impactará en el bolsillo de los consumidores y usuarios a los cuales se les hará imposible enfrentar estos incrementos y todos los demás que van a darse en los productos de la Canasta Básica Alimentaria, medicamentos y otros, como sucede cada vez que se modifican los precios de los combustibles, donde surgen las remarcaciones justificadas -por el mayor costo de los fletes-, de los incrementos en las tarifas de los servicios públicos y otras cuestiones que terminan siempre erosionando la capacidad adquisitiva de la gente“. Se anuncian nuevos aumentos en los precios de los combustibles que serán de 3% y 5% para los primeros días de marzo debido a diversos factores como la inflación, cuestiones impositivas, el costo internacional del petróleo y la liberación del mercado local, las variaciones del costo internacional del barril de petróleo crudo, las oscilaciones del valor del dólar norteamericano, las actualizaciones trimestrales impuestas por normativas impositivas y la liberación del mercado que rige desde 2017. Actualmente los precios de los combustibles en las estaciones de servicio de la ciudad se encuentran casi unificados o a pocos centavos de diferencia, a raíz de los ajustes que vienen registrándose en lo que va del 2019 como estrategias comerciales. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca denunció que también a partir de este viernes, con el inicio de marzo, el bolsillo de los consumidores volverá a sufrir un fuerte golpe, dado que las tarifas de los servicios de telefonía móvil aumentarán hasta el 18 por ciento. En realidad, a la suba del 17 por ciento que aplicó la empresa Personal el mes pasado le seguirán Movistar, que aumentará el 18 por ciento promedio desde el mes entrante, y Claro, que en abril ajustará 15 por ciento. De esta manera, volverá a ajustarse el rubro comunicaciones en la canasta de servicios de las familias, después de haber sido uno de los que mayores aumentos tuvieron a lo largo de 2018. Con una variación anual del 55,3 por ciento, los servicios de comunicaciones se encarecieron 7,7 puntos porcentuales por encima de la inflación promedio que arrojó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en 2018. La compañía Personal fue la primera del rubro en incrementar sus tarifas los primeros días del mes pasado, mientras que Movistar informó que lo hará desde esta semana y los aumentos de Claro llegarán en abril. Por ello desde el Organismo de la Constitución se sostuvo que son llamativas las afirmaciones del Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne en cuanto afirmó de que este año, “habrá una inflación mucho más baja que la del 2018” y que Argentina va a poder hacer lo que hicieron nuestros vecinos de llegar a tasas de inflación de un dígito y que va haber -déficit cero-, todo lo cual, “los trabajadores del sector público, privado, no lo podemos vivir ni apreciar, ya que con todos los aumentos que se vienen produciendo, la aceleración de la inflación continuará seguramente siendo muy alta y por ello los ingresos no alcanzan y los más castigados con la inacción y errores económicos del Gobierno Nacional son los jubilados, pensionados y miles de personas desempleadas e indigentes, que son excluidas de acceder a los derechos básicos que tendrían que estar garantizados”.