-El Ombudsman Provincial criticó duramente a Bullrich, pues para que exista mayor seguridad, tiene que crearse más empleo, mayor inclusión social y educativa-
Encuestadoras privadas de diferentes provincias han determinado en base a una serie de mediciones, que la economía es en la actualidad la principal preocupación de los argentinos, seguida de la desocupación y la inseguridad. No obstante, lo cual, el Gobierno Nacional, ha instalado otra vez el debate sobre la edad de imputabilidad de los menores, el cual no consideramos un tema minúsculo, pero sí es necesario estar atentos a las propuestas que se impulsan desde el Gobierno Nacional. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, sobre el particular consideró que, la insistencia por reflotar este debate hace caso omiso al contundente rechazo que sufrió la iniciativa durante el año 2017 por parte de distintos organismos nacionales e internacionales, así como de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la infancia y especialistas en la temática, tanto en la esfera pública como en el marco de las mesas de trabajo convocadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (Justicia 2020). En efecto, como fue puesto de manifiesto en las conclusiones de esos encuentros “…con amplia mayoría, los participantes se pronunciaron por mantener la edad de imputabilidad en dieciséis años”. Por lo demás, la propuesta del Gobierno nacional olvida también las observaciones que el Comité de los Derechos del Niño hizo al Estado Argentino en junio del 2018, los análisis de Unicef Argentina y de la propia Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (SENNAF). Sin dudas, no se encuentra aquí en discusión la imperiosa necesidad de modificar el actual decreto-ley 22.278 -de la última dictadura cívico militar- y consolidar un sistema de justicia penal juvenil respetuoso de los derechos de niños, niñas y adolescentes; pero no puede desaprovecharse esta oportunidad proponiendo una reforma que profundice la criminalización de la infancia. En efecto, si bien el decreto-ley N° 22.278 ha sido reiteradamente tachado de inconstitucional por resultar contrario a los estándares internacionales que emanan del bloque de legalidad vigente, la edad mínima de punibilidad en 16 años es el único estándar de esta norma que no resultó observado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al sancionar al Estado argentino. De hecho, el establecimiento de una edad de punibilidad por debajo de la fijada por el decreto-ley resultaría violatoria de la obligación de progresividad y no regresividad que pesa sobre nuestro país. La respuesta que el Estado Nacional da a la delincuencia juvenil no puede nunca pensarse desde una mirada que apunta únicamente a responsabilizar a niños, niñas y adolescentes por aquello que el Estado y el mundo adulto no ha podido resolver y que soslaya la responsabilidad de cuidado a esta población a cargo del Estado, las familias y la sociedad en su conjunto. En este punto no puede dejarse de lado que un informe de UNICEF del año 2018 indica que el 48% de los/as niños/as argentinos/as se encuentran en situación de pobreza, tomando una perspectiva multidimensional no monetaria, la cual incluye la privación de alguno de los derechos enunciados en la Convención sobre los Derechos del Niño: educación, protección social, vivienda adecuada, saneamiento básico, acceso al agua y un hábitat seguro. Por lo demás, las estadísticas demuestran que la mayoría de los/as adolescentes que tienen conflicto con la ley penal lo hacen por delitos contra la propiedad, mientras que los delitos graves son ínfimos porcentualmente. Los números demuestran que bajar la edad de punibilidad no resuelve el problema que socialmente se reclama: la inseguridad, y mucho menos servirá para restaurarle a los/as adolescentes los derechos ya vulnerados, sino que, por el contrario, profundiza las desigualdades. Por ello, ratificamos nuestra postura Institucional, que en lo que respecta a la imputabilidad de menores, la solución no comienza por bajar la edad. Siempre hemos estado en contra de decisiones oportunistas y que no resuelven el problema de fondo. Puesto que lo que provocará es que existan muchos más niños privados de su libertad, y está claro que lo que realmente falta, son políticas públicas de prevención, y en la actualidad desde el Gobierno Nacional, en lugar de apuntalar la educación, cierran escuelas, clubes de barrio, talleres de recreación y arte, porque no pueden pagar las facturas de energía eléctrica, y menos aún los salarios de quienes contienen a nuestros hijos. Si se cierran esas puertas, las que se abrirán serán las de la escuela del delito, y esto no es antojadizo, ni infundado, “los catorce candidatos a Defensor del Niño en Argentina, están en contra de la baja de imputabilidad”.