La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa junto a los otros Organismos Constitucionales del País y que conforman la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), adhirió a la presentación concretada contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por cuestionar la legitimidad de un Recurso presentado frente a un aumento tarifario en la Provincia del Chaco.
El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca informó que la A.D.P.R.A. se movió en lote contra una dura Resolución del Máximo Órgano Judicial que le desconoció legitimidad a una presentación del Dr. Gustavo Corregido actual Defensor del Pueblo de la Provincia del Chaco, quien había accionado legalmente por la irracional suba de tarifas del servicio de transporte de pasajeros interprovincial Chaco – Corrientes. Es por ello que los Defensores del Pueblo de las distintas Jurisdicciones del País no solamente ratificaron su adhesión a lo actuado por el Ombudsman del Chaco sino que también se elevó una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la Resolución de la CSJN quien entiende erróneamente que carecemos de legitimación para cuestionar judicialmente la decisión adoptada por una Autoridad Nacional por la cual se dispuso el aumento de la tarifa del servicio de transporte de pasajeros. Gialluca expresó que esta decisión de la CSJN vulnera un genuino reclamo en un contexto de Federalismo, que no se está preservando y menos aún desconociendo la legitimación para intervenir de Organismo de la Constitución en defensa de los intereses colectivos de todos los ciudadanos más aún cuando la Defensoría del Pueblo de Nación continúa aún vacante. Se preguntó el Defensor del Pueblo que entonces la Justicia Federal y la CSJN al no permitirnos cuestionar Resoluciones dictadas desde el Gobierno Nacional como es la última del incremento irracional de la energía eléctrica y otros servicios esenciales, que nos expliquen como hará la gente, el ciudadano común, los trabajadores, que son millones y que necesitan que nosotros los representemos colectivamente o si se trata de una estrategia para imponer arbitrariamente los aumentos tarifarios, cuando es la propia CSJN, pero con otra composición que señaló que cuando se aumentaran valores de los servicios públicos, los mismos siempre debían ser razonables, justificados y no confiscatorios. Aún así, continuaremos actuando en bloque y no permitiremos que se nos impida nuestra legitimidad que está consagrada en la Constitución Nacional, en las provinciales y en las leyes dictadas en consecuencia.