Esto es, de $10.000 que costaba el MW/mes, pasa a valer $80.000 en febrero/19, aumenta a $100.000 en mayo/19 y alcanza $120.000 a partir de agosto/2019

Antes de renunciar a la Secretaria de Energía de Nación Javier Iguacel firmó la Resolución Nº 366/18 la cual ya fue notificada a todas las Distribuidoras, entre ellas REFSA, quedando en su remplazo Gustavo Lopetegui quien va a depender directamente del Ministro de Hacienda Nicolas Dujovne; y contra dicho Instrumento la Defensoría del Pueblo interpondrá los recursos y remedios administrativos necesarios para luego promover de no modificarse esta situación por el Gobierno Nacional un Amparo Judicial, habiendo coordinado la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), que a su vez se iniciará una -Acción Colectiva- por ante Tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al mismo tiempo todas las Defensorías del País lo harán por ante los Juzgados Federales Competentes al no haberse respetado, para que tenga validez jurídica, el derecho de los usuarios a la protección de sus “intereses económicos” (art. 42 de la Constitución Nacional), y menos aún los Principios consagrados por la C.S.J.N. que deben tenerse en cuenta al modificarse precios de servicios públicos, como lo son el de la gradualidad, razonabilidad, no confiscatoriedad, proporcionalidad, evitándose de esa forma el perjuicio social desmesurado que se causa, siendo además imprevisibles, no resguardando las previsiones económicas de los grupos familiares que están íntimamente vinculados con los aumentos salariales, tanto públicos como privados. Por ello el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca denunció que nuevamente los usuarios del servicio público de energía eléctrica nos veremos seriamente afectados a raíz de las decisiones que adoptó el P.E.N., a través de la actual Secretaria de Energía, fijándose incrementos que –en principio- comenzaran a regir a partir del 1 de febrero de 2019 y rondaran en el caso del PRECIO DE REFERENCIA DE LA POTENCIA, en un 800% en el periodo febrero/abril y alcanzará un aumento del 1.200% en el mes de agosto de 2019. Esto es, de $10.000 que costaba el MW/mes, pasa a valer $80.000 en febrero/19, aumenta a $100.000 en mayo/19 y alcanza $120.000 a partir de agosto/2019. Datos que surgen de los Anexos I y II de la Resolución Nº 366/2018 de la Secretaria de Energía de fecha 27/12/2018. Evidenciándose también un aumento en el costo del precio estabilizado de la energía para las Distribuidoras que supera el 40%. Como ya sucedió en repetidas ocasiones, el Gobierno Nacional volvió sobre sus pasos, (las ya famosas idas y vueltas), dejando de lado la Disposición 97/2018 de la ex Subsecretaria de Energía Eléctrica de Nación, que aprobaba la Programación Estacional de Verano para el Mercado Eléctrico Mayorista elevado por CAMMESA, correspondiente al periodo comprendido entre el 01/11/2018 al 30/04/2019; dictándose de un día para otro la Resolución Nº 366/18 con valores marcadamente superiores y aplicables desde el 01/02/2019. Todo esto a pesar de que los usuarios ya nos encontramos en una situación de incapacidad de pago de las tarifas vigentes, por lo menos, teníamos previsibilidad en relación al precio que íbamos a pagar por el servicio de energía eléctrica hasta el 30/04/2019. Así, este tipo de actos unilaterales y carentes de toda proporcionalidad y razonabilidad, son ejemplos de los constantes avasallamientos que venimos soportando desde hace tres (3) años como usuarios. Puesto que no solo nos vemos constreñidos a afrontar precios por la energía eléctrica exorbitantes, sino también violentados por decisiones que en forma estrepitosa nos modifican las reglas de juego. En efecto, y a la luz de la conducta errática demostrada por este Gobierno Nacional durante todo su mandato, no podemos asegurar en este momento que se respeten los nuevos valores de la energía eléctrica, entiéndase, GENERACION (precio de referencia de la potencia y precio estabilizado de la energía) y TRANSPORTE fijados a partir del 01/02/2019 hasta el 31/10/2019, cuya determinación depende exclusivamente de las Autoridades Nacionales, “que llevan adelante acciones en el campo de la energía y económica totalmente sinuosas e impredecibles”.