El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, coincidiendo con la fecha en que la Asamblea General adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948. Este año, el Día de los Derechos Humanos marca el 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, un documento histórico, que proclamó los derechos inalienables inherentes a todos los seres humanos, sin importar su raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, propiedades, lugar de nacimiento ni ninguna otra condición.
La Reforma Constitucional de 1994, con los art. 75 incs. 22 y 24, no sólo consolidó en el texto constitucional el criterio de la CS en los casos citados («Ekmekdjian», «Fibraca»), respecto de la primacía de los tratados internacionales sobre las leyes nacionales, sino lo que es más trascendental, estableció una categoría novedosa en el derecho argentino, al otorgar jerarquía constitucional para los TT. DD. HH. que menciona en el citado inc. 22. Con ambas ventajas, de los tratados sobre las leyes y de los TT.DD.HH. sobre la legislación infraconstitucional, se produjo una decisiva modificación y un positivo avance, en el orden de prelación jerárquica de las normas que integran el ordenamiento jurídico argentino. En efecto, el art. 75 incs. 22 y 24 prescribe, en lo que aquí nos interesa, que: «Corresponde al Congreso: Inc. 22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Y a continuación, luego de consignar los diez Documentos Internacionales, dispone que «en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la Primera Parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. …Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional». En consecuencia, podemos concluir, que el orden de prelación normativa del sistema jurídico nacional argentino, de acuerdo a los arts. 31 y 75 incs. 22 y 24, está integrado de la siguiente manera: 1) Constitución Nacional y TT. DD. HH. con jerarquía constitucional. En el primer nivel jerárquico y participando plenamente del grado más excelso del principio de la supremacía constitucional, se ubica como siempre la Constitución Nacional con sus 129 artículos y junto a ella, con la misma jerarquía constitucional, se ubican los diez Documentos Internacionales de Derechos Humanos (Tratados, Pactos, Convenciones, etc) que enumera el inc. 22 del art 75, a los cuales se han agregado la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas del 9 de junio de 1994, aprobada por la ley 24.556 del 18-10-1995 y con jerarquía constitucional por la ley 24.820 del 29-5-1997. 2) Tratados comunes, tratados de integración y las normas dictadas en su consecuencia. 3) Leyes nacionales 4) Normas nacionales y Provinciales. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca señaló que el Gobierno de derecha del presidente Mauricio Macri ha quedado expuesto a fuertes críticas por parte de los movimientos de defensa de los derechos humanos. No solo se le reprocha en duros términos su mirada de lo que ocurrió hace más de cuatro décadas cuando desaparecieron miles de personas. También se le censura su política económica, de parentescos con la implementada por los militares, y su exaltación de la “mano dura” de las fuerzas de seguridad a la hora de enfrentar los conflictos sociales. Este es un País diferente al de doce años atrás en materia de derechos humanos, Mauricio Macri y su Gobierno demolieron los principales símbolos de la represión clandestina y con la llamada política revisionista respecto a la dictadura militar se otorgaron beneficios de prisión domiciliaria a verdaderos criminales. Por otro lado, desde su asunción, solo 60 de las más de 500 causas iniciadas en los tribunales tuvieron sentencia firme. Desde la llegada de Macri a la presidencia, el ritmo de causas se ha ralentizado y lo que es peor en estos últimos días, “toda la sociedad esta hablando de lo que se ha denominado en llamar el -gatillo fácil- que no es otra que una copia de las políticas policiales represivas que rigen en otros países violando los derechos y garantías constitucionales de todos los ciudadanos y a la cual nos oponemos rotundamente ya que no surge ni siquiera de una Ley sino de una simple Resolución de una ministra del Gabinete Nacional”.