Desde la Defensoría del Pueblo se solicitó al Banco Central de la República Argentina (BCRA), y también se exhortó al Gobierno Nacional (Ministerio de Hacienda) a que intervengan en las normativas y el mercado de las tarjetas de crédito y débito.
Los usuarios y consumidores, se preguntan a diario quienes son los que controlan o manejan las distintas etapas de comercialización que se efectúan con los plásticos. El Organismo de la Constitución señaló que existe no solamente una Ley, sino Entidades como el BCRA, que a través de Circulares establecen medidas, que en los últimos tiempos son abusivas e injustificables y están perjudicando gravemente a los usuarios y también a los comercios. Es muy común ver que los locales ofrecen un recargo si el pago es con tarjeta de débito, o desde otro ángulo se brinda un descuento si el monto a pagar se realiza en efectivo; es que los dueños de los locales de comercios denuncian un procedimiento “arbitrario” en el tiempo de acreditación de las ventas mediante este sistema. Consideran que las tarjetas de crédito y débito “tienen un abusivo e injustificable plazo de acreditación”, que puede tardar casi un mes. Argentina es el único país de la región en el cual el plazo de acreditación es de 18 días hábiles, situación que al comercio le representa tanto un esfuerzo como un costo de financiamiento por un plazo que termina convirtiéndose en hasta 28 días corridos. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, planteó que la acreditación de los pagos con tarjetas de crédito deberían realizarse en un plazo no mayor a las 48hs y con menores costos financieros, puesto que la actual crisis económica, hace que las tasas de interés, sean impagables; y para las operaciones con tarjetas de débito se solicitó que los montos se acrediten de manera inmediata, como sucede con las transferencias bancarias, puesto que al consumidor, le descuentan el monto gastado en el momento, en tanto el comercio debe esperar hasta una semana o más para recibir los pagos. Es por ello, que muchos comercios (que no son las grandes corporaciones), se muestran reacios a aceptar los pagos con tarjetas de crédito o débito, pues reciben el dinero mucho tiempo después de la operación y en un contexto inflacionario le generan grandes pérdidas. A lo que apunta la Defensoría del Pueblo es que el Gobierno Nacional ayude a los comercios, a las pymes y a los consumidores, por eso se exhortó al Poder Ejecutivo Nacional y al Banco Central a intervenir, y a los Diputados y Senadores Nacionales a modificar la legislación vigente, para que los bancos, que le debitan al consumidor inmediatamente el importe de sus compras, tenga como contrapartida un menor plazo para que los comerciantes se encuentren con sus ganancias, dado que en la actualidad deben esperar varios días y todo esto genera un grave perjuicio y distorsión en contra de los usuarios de estos medios de pago, que hoy al no tener efectivo en la mano deben acudir a las tarjetas de crédito y débito.