La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, calificó de “impresentables” a quienes pretendiendo mezclar cuestiones políticas partidarias amparan la actividad hípica clandestina.
Sobre éste particular el Defensor del Pueblo, Dr. José Leonardo Gialluca, manifestó que: “Más allá de los intereses personales que persigan cada uno de los que están comprometidos con las carreras de caballos y de las apuestas al margen de la Ley que acompañan a dicha actividad, quienes buscan politizarlo todo, deben considerar que existe una clara normativa que, por un lado, ampara la seguridad de quienes se hallan involucrados en la mencionada actividad y además asegura la legalidad de las apuestas, cuyos beneficios no van a manos de “ inescrupulosos intermediarios, ligados con el lavado de dinero” que se enriquecen con el porcentaje que les toca de las “apuestas clandestinas” como ocurre con las carreras como las realizadas en el Hípico de Pirané el pasado fin de semana. Al apostar por las vías legales, subrayó el funcionario, lo recaudado vuelve en obras para la comunidad y el manejo de fondos goza de total transparencia. Ahora bien, nadie puede discutir razonablemente y fundadamente lo que está dentro de la Ley y si entienden que puede ser modificada en diferentes aspectos, los invitamos a presentar un Proyecto de Ley nueva para que sea tratada en la Legislatura Provincial, entre tanto todos debemos cumplir con la Legislación vigente. “Es lamentable que un Intendente, Concejales de una ciudad del interior e incluso legisladores nacionales y provinciales, nada menos, busquen rédito político del avasallamiento a las leyes y reglamentos que rigen la actividad hípica en la provincia y las eventuales apuestas que se permitan respecto de las mismas.” La actividad es lícita, finalizó diciendo el Ombudsman Provincial, siempre y cuando se realice conforme a la normativa que la rige y quienes desde una función pública defiendan la marginalidad de la misma no son ningunos mártires, sino funcionarios que incurren en incumplimiento del deber que tienen con sus Comunidades, de procurar el bien y el orden público, y en este caso en particular ante los delitos consumados será la Justicia la que tenga la última palabra, siempre conforme a la Ley.-”