Afirmaron desde la Defensoría del Pueblo que el proyecto de Ley Presupuesto 2019 se encuentra en boca de todos por la irrisoria cantidad de fondos destinados a educación, desarrollo social, salud y transporte; en comparación con la inflación esperada para el próximo año, 23,4% según el Gobierno Nacional y alrededor de 34% para las consultoras privadas, siendo gravísimo que el porcentaje destinado a educación caiga en seis puntos comparado con el 2018.
Las partidas más afectadas serán las de Infraestructura y Equipamiento, Incentivo Docente y Becas, en donde se encuentra el Plan Progresar. Por otro lado, las partidas nominales del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley muestran que el presupuesto de este año ha sido subejecutado, con la intención de ayudar a reducir el déficit fiscal. Es así que programas como “Políticas Alimentarias”, “Economía Social” y “Promoción y Asistencia a espacios de primera infancia”, han sido ejecutadas en porcentajes que rondan apenas el 50%. Lo que si debemos denunciar es que sin embargo, el Gobierno Nacional destinó un aumento del 82% al pago de intereses de deuda pública. El monto para pagar a prestadores internacionales ronda los 600 mil millones de pesos, el cual supera ampliamente los destinados a cuestiones en materia de educación o salud pública. Los pagos a organismos de comercio internacionales además deben hacerse en dólares, los demás puntos están calculados en un dólar a $40,10 que es lo que el gobierno espera para el 2019 más allá de haber admitido que el tipo de cambio estaría liberado al mercado. En este sentido el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca recordó que Institucionalmente hemos pedido a nuestros Diputados y Senadores Nacionales que no acompañen este presupuesto, hasta tanto el mismo sea reelaborado, pues así como está el mismo, significa para nuestra Provincia la existencia de partidas presupuestarias irrisorias para Ciencia y Tecnología, porcentajes insignificantes para Educación Pública, Salud Pública, Vivienda y Urbanismo, y así las cosas es la clase trabajadora, los jóvenes quienes se verán gravemente perjudicados ya que será recortado también en un 24% el -Plan Progresar- que permite a cientos de jóvenes humildes continuar con sus estudios, asimismo son afectadas las mujeres que dependen de su trabajo como cooperativistas que hoy están cobrando nada más que $5500 para alimentar a sus hijos. Entonces Gialluca sostuvo que pueden poner los números que quieran, pero nosotros tenemos la obligación de denunciar que los consumidores y usuarios que conforman nuestra Comunidad, la están pasando mal y no es cierto como señala el Gobierno Nacional a través de su Jefe de Gabinete Marcos Peña que están cumpliendo con sus promesas electorales, pues lo que podemos observar que con esta “Ley de Leyes” habrá más aumentos de tarifas, más inflación, menos obras públicas y mayor número de trabajadores que pagarán el impuesto a las ganancias que el actual Presidente de la Nación había prometido, “que el Estado no tiene que quedarse con el fruto del trabajo de la gente y que por ello los trabajadores no van a pagar ganancias”. Todo esto resulta una gran mentira, pues pagan ganancias 560.000 trabajadores más que en el 2015 y 270.000 asalariados más que en el 2016, casi el 20% de los 9 millones de empleados del sector público y privado registrados están afectados por estas retenciones, y la contracara es lo que ocurre con las empresas y sectores de mayor riqueza que recibieron y reciben fuertes beneficios impositivos, si hasta los solteros con un ingreso neto de más de $30.000 y los casados con dos hijos con más de $40.000 netos este año están pagando ganancias y ni hablemos de los jubilados y pensionados que también son alcanzados por la alícuota antes descripta. Como creerle a este Gobierno Nacional si su propio equipo económico prevé para el 2019, “un crecimiento menos cero” y abusan de la apología del “déficit cero”, cuando aumenta día a día la pobreza y la indigencia, sobre todo en las provincias del Norte Argentino.