La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa denunció que el Gobierno Nacional está haciendo recortes en el presupuesto destinado a discapacidad; así mediante la Resolución 268/18 de la Agencia Nacional de Discapacidad se resolvió que todas las personas que reciben una pensión, deberán justificar su situación personal para seguir cobrando.
Afirman desde Nación que la puesta en marcha del -Sistema de Control-, “no implica la baja de ningún beneficio”, pero cada uno deberá presentarse a cumplimentar los trámites en el mínimo plazo de 10 días para regularizar sus expedientes administrativos, bajo pena de perder el beneficio y lo que es más grave la posibilidad de defender sus derechos. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca señaló que se han multiplicado las consultas en el Organismo de la Constitución por la incertidumbre que generó el anuncio de Nación de revisar la situación de los beneficiarios de pensiones nacionales por invalidez, entre tanto los Funcionarios Nacionales únicamente prometen que es una mera “reorganización de datos”. Existen Instituciones que no están recibiendo los pagos y por otra parte el abuso está en toda la documentación que tienen que volver a llevar los discapacitados para demostrar por poco, que no tienen para comer, que no hay una persona en el grupo familiar que las puede mantener. Se las está obligando a que demuestren su condición humillándolas y por poco hasta que son indigentes y que tienen una discapacidad, cuando todos sabemos que las necesidades existen independientemente de que su progenitor pueda mantenerlos o no. El Defensor del Pueblo señaló que las pensiones por invalidez son un derecho y aquí lo que estamos viendo es que esta llamada “reorganización de datos” no es más que otro ajuste para continuar sacándole beneficios a las clases sociales menos pudientes. En la actualidad existen 1.048.000 personas que reciben una pensión mensual de $6.045 y ahora se las somete a este control por supuestas irregularidades. Gialluca recordó que en el 2.017 se tuvo que dar marcha atrás con la baja de pensiones en medio de un escándalo ya que la Justicia rechazó la intención de llevar un ajuste a las pensiones por discapacidad por parte del Gobierno de Mauricio MACRI y que alcazaba a más de 170.000 personas. Tampoco nos olvidamos que en febrero del 2.018 el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Carolina STANLEY volvió a cargar contra las pensiones por discapacidad a los menores de edad bajo el pretexto de que “no tienen incapacidad laboral”, en ese caso se puso en vilo a más de 20.000 menores y por las reacciones sociales en contra tuvieron que volver a frenar el ajuste. “Ahora; con el fin de avanzar sobre otros sectores en su convicción de que existen pensiones truchas, establecieron un mecanismo administrativo con el cual intentarán justificar el recorte que quieren hacer desde hace más de un año y no pueden”. En este sentido desde la Defensoría del Pueblo se volvió a denunciar que se está obligando a que los pensionados deban concurrir al ANSES para realizar el reclamo correspondiente y así evitar la suspensión del cobro, siempre dentro de los 10 días y porque se olvidan o no quieren ver, de que las pensiones por invalidez tienen un carácter tuitivo y la obligación del Estado Nacional es que debe acercarse él mismo y facilitar los trámites a quienes por su condición se encuentren con mayor vulnerabilidad, así es que entendemos a todo este proceso como totalmente perverso, ya que no está destinado a mejorar la calidad de vida de los pensionados sino a generar un nuevo -filtro para profundizar el ajuste- y es que la misma Resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad que crea y pone en marcha este nuevo circuito administrativo de notificación de incompatibilidades para pensiones no contributivas por invalidez laboral, está destinado a progresar con el ajuste, “en donde ya en la actualidad no se les puede sacar nada más y por ello lucharemos para que por lo menos, no les eliminen la dignidad y los derechos humanos esenciales a las personas con discapacidad”.