Una ciudadana domiciliada en calle Las Heras al 800 interpuso formal reclamo por ante la Defensoría del Pueblo para obtener el retiro de 8 tanques de gas industriales, más un sin número de cilindros de 45kg., como así motores de refrigeración, todos estos elementos que habían sido instalados en el patio de su domicilio desde hace muchos años y que se utilizan para el funcionamiento de una panadería de un supermercado lindante a su propiedad.

Desde la Defensoría del Pueblo se pudo determinar que la denunciante vive efectivamente con una persona incapaz declarado judicialmente y un menor de edad por lo que expresó estar el grupo familiar expuestos al peligro y olor constante de gas lo que la llevó en su momento a iniciar reclamos por ante el titular del supermercado en cuestión sin obtener respuesta positiva alguna. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca conjuntamente con la Asesora Letrada Carolina Ruiz Diaz, mantuvieron una serie de reuniones con el apoderado de este importante comercio y al no arribarse a una solución mediante el proceso de mediación, se procedió al dictado de la Resolución 199/18, donde se dejó en claro que estando en peligro no solo la seguridad sino también la salubridad pública del grupo familiar en cuestión, agravándose el tema por existir un incapaz, se daría intervención a la Justicia Competente. Es así que en el marco de un trámite iniciado por ante Excmo. Tribunal de Familia se procedió rápidamente al dictado del Auto Interlocutorio Nº 1077/18 por el cual se ordenó: “Intimar al Socio Gerente del -SI.SH- a que en el término de 48 horas arbitre los medios necesarios para la remoción de todos los cilindros de GLP, motores de refrigeración, cañerías instaladas y todo otro accesorio puesto al servicio del comercio de referencia y que existen en la propiedad en la que habita la denunciante, debiendo llevar a cabo todas estas tareas y reparaciones necesarias a cargo del comerciante hasta dejar la finca en las mismas condiciones anteriores a las instalaciones que constituyen un peligro real para este grupo familiar”. Desde el Organismo de la Constitución se trabaja actualmente en lograr la ejecución de esta Orden Judicial, sin que se causen perjuicios o daños las partes enfrentadas, por lo que se pidió la intervención de personal idóneo en la materia y con las matrículas pertinentes, de manera que no se genere ninguna situación nueva peligrosa para la familia denunciante.