El ajuste en el área Salud que realiza el Gobierno nacional llegó a las personas con discapacidad a través del reciente recorte al programa federal Incluir Salud.
Así las cosas, los prestadores de servicios se encuentran en estado de alerta ante la grave crisis que afronta el sector y algunos ya comenzaron a reducir sus jornadas laborales. El Ombudsman Provincial José Leonardo Gialluca manifestó que buscamos alertar acerca del riesgo que corre el sistema de discapacidad debido a la precarización del servicio, el atraso en los pagos (hasta diez meses de demora), ajuste en las prestaciones y desactualización de los aranceles (desde octubre de 2017). Con este panorama corre peligro la continuidad de las prestaciones por parte de profesionales, Escuelas Especiales, Centros de Día, Centros Educativos Terapéuticos, Hogares, Transportistas, Centros de Rehabilitación, Servicios de Apoyo a la Inclusión Escolar y residencias a todos los beneficiarios del programa. La situación es muy complicada. Ya hay transportistas e Instituciones que están dejando de trabajar algunos días de la semana con beneficiarios de Incluir Salud, que son la franja más vulnerable. Los chicos se quedan sin prestación y las provincias terminan financiando el sistema y eso lo hace realmente insostenible, más allá de la invalorable colaboración que siempre prestan los padres y familias de las niñas y niños con alguna discapacidad. Hoy denunciamos está en riesgo el trabajo de todos los actores sociales que intervienen en el campo de la discapacidad. Hasta ahora todas las promesas por parte del Gobierno Nacional fueron incumplidas, denunció Gialluca. Por ello bajo la consigna con los derechos no se juega. La discapacidad en crisis, Organizaciones, Instituciones y asociaciones que trabajan en el campo de la discapacidad se manifestaran el próximo miércoles 26 de septiembre. Obviamente que en nuestra Jurisdicción esto repercute negativamente en todos los sectores pero especialmente en Incluir Salud que es un programa de la Agencia Nacional de Discapacidad, bajo la órbita de la Vicepresidencia, que permite el acceso a los servicios de salud a los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC). Este programa transfiere fondos a las provincias para garantizar que todas las personas titulares de dichas pensiones, independientemente de dónde vivan, puedan acceder a una atención de calidad y ello actualmente no se está realizando.