El corte de la Ruta Nacional Nº 81 a la altura de Bartolomé de las Casas efectuado por aproximadamente 20 pobladores originarios, que se encuentran demandando viviendas, planes sociales y otros beneficios y que fueron denunciados por ante la Gendarmería Nacional y también por ante la Fiscalía Federal Nº 1 a cargo de la Dra. Marisa Fernández, quien dio intervención al Juez Federal Subrogante de Formosa Dr. Juan Carlos Vallejos, quien lejos de aplicar las normativas del Código Penal Argentino, ordenó que las Fuerzas Nacionales de Seguridad se constituyan en el lugar para “salvaguardar la seguridad de los manifestantes, debiéndose cumplir la orden dada evitando en todo momento el ejercicio de la violencia sobre las personas”.
El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca señaló que desde hace un tiempo a esta parte la Justicia Federal en Formosa sostiene que existe un derecho constitucional a manifestarse que pareciera que otorga un superpoder que permite cortar calles y rutas sin responsabilidad alguna. Ello es falso, no existe nada en la Constitución Nacional que permita a nadie entorpecer la circulación del tránsito ni la libertad de que el argentino criollo o aborígenes hagan lo que quieran. Es una vaga tergiversación del derecho de reunión y manifestación, que reconocen varios tratados internacionales a los que hemos adherido, y nuestra Ley Suprema a través del derecho a la libertad de expresión. Los derechos constitucionales no son absolutos, todos son relativos, terminan donde empiezan los derechos del otro. Está consagrado el derecho a la libertad de expresión, pero ello no implica decir cualquier cosa de cualquier persona sin responsabilidad alguna; ese derecho cede al momento de cometer una calumnia o injuria. Existe el derecho a la libertad individual de la persona, pero puede ser limitado en caso de cometer un delito, como todos los demás. Los derechos a manifestarse y reunirse son libertades que nuestras normas respetan, pero ello no implica, como erróneamente se ha sostenido, que ampare la posibilidad de cortar las rutas e impedir la libre circulación del tránsito. Todos los argentinos tenemos derecho a circular y transitar libremente por el territorio del país; y todos tenemos derecho a trabajar, a saber y a aprender, a enseñar y a ejercer toda industria lícita. Entonces, ¿cómo coexisten estos derechos con los de manifestarse y reunirse? Todos tenemos derecho a expresar lo que pensamos, a reclamar por nuestros derechos, a reunirnos y agruparnos de forma pacífica y reclamar ante nuestras autoridades de manera incansable; pero ello implica respetar los derechos que tienen el resto de las personas aún en ejercicio de los propios. Es que aceptar que el derecho de manifestarse y reunirse implica también el de cortar las rutas y restringir los derechos del resto sería lo mismo que aceptar que en ocasión de una manifestación es válido agredir a otras personas, destruir los locales que están al paso, etcétera. Nadie tiene derecho a cortar las rutas o vías de comunicación y a impedir la libertad de circulación, ni la de trabajar, ni la de ir a enseñar o a aprender. Es inaceptable pensar que quienes han redactado nuestra Constitución, y que han establecido la obligación de contribuir con impuestos, los derechos de las personas, y que: «toda reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de este, comete delito de sedición» (artículo 22 de la Constitución Nacional), hayan hecho pensando en otorgar, a través de las libertades de expresión, manifestación, huelga y de reclamar por sus derechos, el derecho a interrumpir la circulación y los derechos de las personas. Debemos seguir reclamando que lo que ocurre con los cortes de rutas nacionales en nuestra provincia y que perjudican a miles de formoseños, argentinos y extranjeros, no se constituyan en abusos y en donde seguramente este sábado y domingo no habrá más corte de ruta, pero el día lunes y si el tiempo está bueno en la propia cara de las Fuerzas de Seguridad Nacionales (Gendarmería), los manifestantes subirán nuevamente al asfalto y la Justicia Federal que cobra sus sueldos, no pagan ganancias; continuarán en deuda con los ciudadanos y todo ello porque se permite y se deja hacer lo que se quiere a la otra parte, siendo que hasta la propia Ministra de Seguridad de Nación en CABA ordena actuar de una manera y en el Norte del País de otro, en este último caso siempre en contra de la gente que quiere trabajar.