La Defensoría sostiene que es irracional poner el costo fiscal por sobre el costo social.
Desde la Defensoría del Pueblo, su Dirección de Defensa de los Derechos de los Consumidores, Usuarios, Contribuyentes y Relaciones de Consumo, calificó de “irracional” el veto presidencial al proyecto de ley que establecía retrotraer las tarifas de electricidad, luz y gas a noviembre pasado y atarlas a la evolución salarial. El fundamento del rechazo fue el costo fiscal que demandaría la implementación de la norma, En éste sentido el Defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, expresó: “ No parece un yerro el dar prioridad al costo fiscal de una medida por sobre las consecuencias sociales que su no implementación acarreará. En éste momento el Sr. Presidente no puede desconocer que existen familias argentinas que ya no soportan la presión económica de pagar exorbitantes tarifas que no van para nada asociadas a la evolución de sus salarios, hay gente que se priva de satisfacer algunas necesidades básicas para poder contar con energía, gas o agua en sus hogares. Toda decisión estatal emanada de una autoridad, recalcó el Ombudsman Provincial, para ser considerada racional, por más de que se trate de un acto administrativo discrecional como lo es el veto presidencial, debe respetar los postulados constitucionales y legales. Sin lugar a dudas que, desde ésta perspectiva, el veto presidencial a un proyecto de ley que trata de morigerar las enormes subas dispuestas desde el mismo ejecutivo nacional, es del todo irracional, pues no interpreta la realidad social de una vasta franja de argentinos que ya no pueden hacer frente al pago de sus facturas de servicios públicos y, por el otro, incumple flagrantemente normas de la Constitución Nacional como el Art. 42º, que consagra el derecho que tenemos todos los usuarios y consumidores en relación de consumo a que se protejan nuestros intereses económicos. Atar el incremento del costo de los servicios públicos a la evolución del salario no sería más que una medida de justicia que el presidente se niega a adoptar, dado que sólo mira la rentabilidad del sector empresario de la energía a nivel nacional, el cual sólo el año pasado facturó más de 1.000 millones de pesos al mes, dando la espalda a la evolución de los salarios de los trabajadores argentinos el cual se deprecia diariamente, limado por los tarifazos.
