Los cambios de criterios anunciados por el Gobierno Nacional y que buscan que los beneficiarios de Planes Sociales, terminen sus estudios o lleven a cabo alguna actividad de mejoras de infraestructura en sus barrios o adquieran habilidades para mejorar su empleabilidad, a primera vista no puede ser objetado por nadie, se señalo desde la Defensoria del Pueblo, recordando que a la fecha 260 mil personas cobran planes de $4.430 por mes.
El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, señalo que Institucionalmente nos oponemos desde ya a cualquier modificación que implique recortar o eliminar miles de planes sociales en un contexto socioeconómico altamente vulnerable, puesto que no existe una reactivación en el sector laboral en la rama que fuere y sigue el aumento del trabajo en negro o irregular con las consabidas consecuencias negativas que ello acarrea para cualquier integrante de un grupo familiar y en este punto es que, “sí se hace necesario mantener los Programas Sociales y además aumentarlos, puesto que el Estado Nacional no puede ser indiferente a las consecuencias que sus actuales políticas económicas causan en el tejido social de nuestra comunidad”.
Se reemplazara “Argentina trabaja” y “Ellas hacen” por “Hacemos futuro”, exigiéndole a los beneficiarios que terminen los estudios primarios y secundarios. Entre los cambios previstos señalan que se dejará atrás el sistema de control por planillas, se obligará finalizar la primaria y la secundaria a los titulares de los planes, se apoyará a los beneficiarios para que hagan una formación integral y se especialicen con cursos y talleres. Actualmente, las inscripciones a los programas «Argentina trabaja” y “Ellas hacen” están cerradas por que, según el sitio web, se encuentran en una etapa de consolidación.
Se recordó que “Ellas hacen” es una programa para que las mujeres que atraviesan una situación de vulnerabilidad accedan a oportunidades de trabajo y formación. La iniciativa prioriza a madres de familias numerosas, con hijos con discapacidad o víctimas de violencia de género.
En tanto, “Argentina trabaja” está orientado a personas sin ningún ingreso formal ni programa social. Busca que los titulares lleven a cabo mejoras de infraestructura en los barrios y adquieren habilidades que mejoran su empleabilidad.
Desde el Organismo de la Constitución, se remarcó que los Planes Sociales así como los subsidios a los servicios públicos, “no son malos”; siempre y cuando se los otorguen a quienes correspondan y exista obviamente una contraprestación por lo que se recibe y en ello la educación primaria y secundaria así como la capacitación en oficios, permitirá que miles de personas encuentren una mejor calidad de vida, pero para esto debe existir un verdadero control y fiscalización por el Estado, pues de lo contrario, “continuamos en un circulo vicioso donde los planes sociales y los subsidios llevan lamentablemente a no valorizar la cultura del trabajo y del esfuerzo y estos dos últimos junto con la educación se constituyen en las bases esenciales para que una persona progrese y además para que una sociedad salga adelante, ya que el sector privado y el publico cada día que pasa son mas exigentes al momento de querer tomar mano de obra para diferentes tareas”.