Ante el pedido de intervención a la Defensoría del Pueblo de la Provincia, por el conflicto existente actualmente en la Localidad de Estanislao del Campo, originado en la falta de pago a empleados municipales que pertenecen exclusivamente al Consejo Deliberante, el Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, cito bajo apercibimiento de ley al actual Intendente, Sr. Roque M. Zarza y al C.P. Rufino Lovera que cumple funciones conforme a la Ley 1028, tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo Municipal.
Convocada las partes, a las 10 de la mañana del día de ayer, a través de la -Dirección de Justicia y Mediación Comunitaria- del Organismo de la Constitución, estuvieron presentes el Intendente antes nombrado junto a su C.P y su Asesor Legal, Dr. Robinson O.D. Boonman, además de la Secretaria General de la Defensoria, Dra. Cáceres Mariela y los Asesores Letrados Fernando Sosa y Leonardo Sanchez.
Durante el trámite de la Audiencia, el Sr. Zarza afirmo que los empleados municipales pertenecientes al Ejecutivo Municipal, “han percibido totalmente sus haberes del mes de octubre en tiempo y forma inclusive con el incremento del 5% dispuesto por el Estado Provincial, es decir estamos con los pagos al día”. Explico que el conflicto que tomó relevancia pública y donde se le atribuyera responsabilidad personal “es un inconveniente exclusivo y propio del Concejo Deliberante, donde su Presidente el Sr. Juan Ernesto GIMENEZ, quien es el único autorizado a retirar fondos de las cuentas bancarias con la firma del mismo ; -asegura ahora que le habrían falsificado su firma y por ello radico una denuncia ante un Juzgado de las Lomitas”. Los otros integrantes del Concejo Deliberante actualmente son Gloria Analía Zarza, Faustino Amarilla y Moisés Rojas , finalizando su mandato en diciembre de este año el Presidente Juan Ernesto Giménez.
El Sr. Intendente Zarza, aclaró que le han solicitado copias de la denuncia y del listado de los empleados del C.D pero hasta la fecha el Presidente de dicho Cuerpo, “ no presta colaboración alguna y se hace imposible solucionar el problema de fondo que pasa por abonarles los salarios a los empleados de ese Poder Legislativo Municipal”.
El mismo funcionario señalo que el Ejecutivo Municipal ha afectado las partidas correspondientes para que se le pague a todos los trabajadores y luego se deslinden las responsabilidades civiles y penales correspondientes. Encontrándose hasta el día de hoy en que no pueden abonar suma de dinero alguna puesto que “solo están bancarizados y en blanco alrededor de 15 dependientes y habría unas 80 personas o más en situaciones irregulares, inclusive algunos con incompatibilidades y a la mayoría simplemente se les hace firmar una -planilla informal -donde quedan registrados los montos de $1.000 o $1.500 aproximadamente sin que ninguno tenga obras sociales, ni se le efectúen los aportes jubilatorios de ley”. Denuncio también, que son muy pocos los que trabajan, “por lo cual no los conoce y sí sabe y le consta que algunos prestan servicios en negocios de la Señora del Presidente del Concejo y que el mismo habría afirmado que como ya termina su mandato en diciembre, no se encuentra preocupado”.
El Defensor del Pueblo, agradeció la presencia de los funcionarios y sugirió, gestionar todas las medidas para abonar los haberes a los trabajadores del Concejo Municipal, puesto que se trata de ciudadanos que no tienen responsabilidad alguna en estas irregularidades graves que deberán ser investigadas por la Justicia y también por el Tribunal de Cuentas y exhorto al Ejecutivo Municipal a que intime bajo apercibimiento de ley al Concejo Deliberante para que cesen estas anomalías ya que si alguien sufre un accidente de trabajo, el Municipio y el Estado Provincial serán corresponsables de este hecho, ante la irresponsabilidad de una persona que no entiende, evidentemente, lo que implica- manejar fondos públicos en los cuales existe además una alta responsabilidad del contador Rufino Lovera del Concejo Deliberante toda vez que debió advertir al Presidente del Concejo de estos desmanejos que son una verdadera bofetada para los empleados municipales y denunciar tamaños delitos.