La – Dirección de Salud y Vivienda- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, continua atendiendo centenares de reclamos de afiliados al PAMI, Delegación Formosa y que no encuentran en tiempo y forma una respuesta a la entrega de medicamentos, prótesis u otros servicios, hecho este que se da también en otras obras sociales, pero en el caso del PAMI, es donde se sienten más fuertemente y en forma progresiva las restricciones a los derechos a la salud que tienen los adultos mayores.
El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, señalo que el origen de esta situación actual que vivimos los argentinos en lo que respecta a la salud pública se remonta a julio del 2016, fecha en la cual el Gobierno Nacional avanzó mediante el Decreto 908/2016 con la reforma del sistema de salud, con cambios estructurales promovidos desde Organismos Internacionales como la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Fundación Rockefeller, entre otros.
Con el nuevo paradigma, llamado Cobertura Universal de Salud (CUS), se busca que el Estado financie la demanda de salud -prepagas para la población en general- en lugar de la oferta (centros de atención primaria, hospitales, clínicas, dispensarios, obras sociales, etc.).
Lo que observamos y cuestionamos Institucionalmente es que, en temas de seguridad, salud, educación y otros la Argentina posee un Sistema Federalizado donde los Gobiernos Provinciales despliegan sus propias políticas de acuerdo a la realidad local y así lo hace el Gobierno de Formosa con sus diferentes niveles de atención y por ello es importante que cada Sistema se adecue al modelo de provincias que existen y no pretender el Gobierno Central imponer un modelo único donde se financia y se privilegia a los sectores privados de la salud y seguridad social para que atiendan a los pacientes en lugar de los hospitales públicos o de las obras sociales y con ello el gran negocio se concentra en manos de unos pocos, por ello cuando se dice que van a consensuar provincia por provincia, siempre va a ser a costa de la reducción de los presupuestos en salud y en esto también se ven perjudicados los trabajadores de la salud. Siendo este un sistema que se ha probado en otros países y que terminaron, “restringiendo el derecho a la salud de todos los ciudadanos”.
En esa línea de razonamiento es que se solicitó al actual Ministro de Salud de Nación, Dr. Jorge Daniel Lemus, intervenga dentro de sus competencias conjuntamente con la Secretaria de Comercio dependiente de Miguel Braun y pongan en funcionamiento la aplicación de las normativas vigentes y de los controles necesarios puesto que no es razonable el precio de los medicamentos cuyos brutales aumentos han llegado hasta el 200% en estos últimos meses y estos drásticos incrementos coinciden con una caída de la cobertura médica para los jubilados y un mayor ingreso de medicamentos importados que impacta negativamente en la industria nacional.
En definitiva, las restricciones impuestas y acordadas desde el Gobierno Nacional con Organismos Internacionales repercuten directamente en los servicios que en la actualidad no presta el PAMI y también hace mellas en los sistemas de salud de las provincias, habiéndose hasta la fecha solamente concretado promesas de más recursos, cuando en la práctica lo que vemos es que “enfermarse o ser integrante de grupos de riesgo como los adultos mayores, cuesta muy caro en la actualidad”.