Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, a través de su «Dirección de Salud y Vivienda», se peticionó formalmente al actual Ministro de Salud Dr. Jorge Daniel Lemus, ante los abusos en los precios de los medicamentos por parte de los laboratorios nacionales y extranjeros, que los mismos se fijen por Ley, y que esta iniciativa sea presentada en el menor tiempo material posible por la Cartera a su cargo, ya que es la que tiene la competencia de asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en todo lo inherente a la salud de la población, y a la promoción de conductas saludables de la comunidad y, en particular intervenir en la corrección y eliminación de las distorsiones que se operen en el mercado interno de productos medicinales.
Al mismo tiempo el Ombudsman Provincial José Leonardo Gialluca, fustigó duramente nuevamente al Secretario de Comercio Interior del Gobierno de Cambiemos Miguel Braun, “quien no cumple con sus funciones y no ordena controlar a los laboratorios que son los formadores de precios, puesto que las farmacias no son las que ponen los valores a los medicamentos y todo el inconveniente actual en la accesibilidad para con los medicamentos está centrado en los injustificados e irracionales incrementos que determinan los laboratorios y que terminan pagando los consumidores como así también las obras sociales”.
La idea central expuesta en la petición es fijar una ecuación en donde se incluya los costos de producir el medicamento, más el valor de distribuirlo en todo el país, más las tasas e impuestos, que si es importado tiene que tener el pago de las patentes y a todo ello sumarle una rentabilidad justa y equilibrada, máxime teniéndose en cuenta que estamos hablando de productos que están destinados a salvaguardar el equilibrio psíquico- físico de las personas.
El requerimiento se apoya en que cuando entramos a analizar los costos de producción de los medicamentos, inmediatamente cualquiera puede darse cuenta del abuso de los precios y esto no tiene ninguna señal de detenerse y por ello es que apelamos a las Autoridades Nacionales ya que el mercado solo, con la ausencia del Estado, no puede fijar directamente los valores de los medicamentos como lo hace actualmente. En todo esto, el ciudadano común, ya no sabe qué hacer en los casos que tenga que adquirir medicamentos en forma periódica y permanente puesto que, “cualquier remedio para la presión arterial que es de uso diario, a título ejemplificativo en lo que va del presente año han sufrido incremento de un 135% y ni que hablar de otras medicaciones cuyos porcentajes son aún mayores”. Entre mayo del 2015 y lo que va del presente, el precio de los medicamentos consumidos por los adultos mayores, esto es jubilados, tuvieron un aumento de hasta un 250%, esto se sitúa muy por encima de la inflación registrada en los mismos periodos citados y los datos surgen de un relevamiento llevado a cabo por el Centro de Economía Política Argentina y la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria.
El Defensor del Pueblo agrego que esto se agrava en el caso de los afiliados del PAMI, que han recortado prestaciones e incluido requisitos para acceder a los medicamentos subsidiados en un 100% totalmente arbitrario y por otro lado para tener en cuenta de lo que estamos planteando Institucionalmente, “se considera que una persona luego de los 60 años o más consume en promedio entre 4 y 8 medicamentos”.
Así las cosas no se puede permitir desde el Gobierno Nacional, ninguna especulación en el tema de salud de la población y para ello exigimos que se apliquen los instrumentos que ya están vigentes contra los laboratorios y elaborar nuevos, que tengan por objetivo principal, “que la salud en nuestro país no sea un negocio para pocos, puesto que es un Derecho Humano de todos”.