La Defensoría peticionará que se brinde la más amplia información a los pobladores del oeste en especial a los originarios.
La Dirección de Ambiente y Desarrollo sostenible de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, elaboró las propuestas que serán formuladas en el marco de las dos audiencias públicas que tendrán lugar en el día de la fecha, en el Salón de la Casa de la Artesanía y en las que se pondrán a consideración de la comunidad, los Estudios de Factibilidad Ambiental presentados por la Consultora Ambientalista “Pacha”, con relación a las labores y obras vinculadas con la exploración de dos áreas del oeste formoseño, más precisamente del Departamento Ramón Lista, las cuales serán evaluadas técnicamente, mediante métodos sísmicos y de perforación, a los fines de determinar la presencia de hidrocarburos a profundidades de casi 5 mil metros. Sobre el particular, el Defensor del Pueblo de la Provincia, José Leonardo Gialluca, expresó: “Un punto fundamental cuya mejora será propuesta por la Defensoría del Pueblo, es el relacionado con la información que se debe suministrar a la población que se encuentra dentro de las áreas de incidencia directa e indirecta del proyecto.
De las dos locaciones, una tiene título de criollos y la otra es fiscal, es decir no serán afectados territorios ancestrales, no obstante lo cual, requerimos que la contratista dé a conocer los detalles del proyecto, en particular a los pobladores originarios y que para ello, acuda acompañada de agentes del Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA), de la Subsecretaría de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental y todo referente social que facilite la comprensión de las actividades a ser realizadas por la empresa Petro-AP S.A., sin perjuicio de que tales labores no son ajenas en cuanto a su desarrollo en la zona, la cual cuenta con varias exploraciones y perforaciones ya realizadas.” Consultado respecto de que otras propuestas llevará la Defensoría a las aludidas Audiencias Públicas, el Ombudsman provincial citó, como las más destacadas a la necesidad de imposición de sanciones a todo operario que viole las prohibiciones establecidas en tutela del ambiente en el área de obras; la pronta respuesta a los planteos que pudieran formular los superficiarios; la participación del Consejo Provincial de Seguridad Vial en la regulación del tránsito durante la ejecución de los trabajos, la permanente participación de la Subsecretaría de Recursos Naturales en las tareas propias de monitoreo y auditoría ambiental, así como la constitución de un Seguro Ambiental por parte de la compañía que, eventualmente, realice la excavación exploratoria, a fin de cubrir financieramente todo siniestro ambiental, pasible de ser producido.-”