“La Defensoría del Pueblo a través de su -Dirección de Defensa de los Usuarios, Consumidores y Relaciones de Consumo- , reafirmó el derecho de todos los usuarios de servicios públicos, especialmente los de energía eléctrica, a “impugnar” las facturaciones que reciben respecto de los mismos”.
Las afirmaciones concretadas por el titular del Instituto de Políticas Públicas (IPP) José Luis Céspedes, fueron consideradas poco esclarecedoras para los usuarios de REFSA, y en este sentido, el Defensor del Pueblo de la Provincia, José Leonardo Gialluca, revalidó el derecho que le cabe a todo usuario de servicios públicos, como el de energía a impugnar la factura que recibe, toda vez que considere que la misma no se halla acorde con su consumo. El funcionario remarcó que a diario se reciben reclamos de ésta naturaleza en el Organismo de la Constitución y se aplican estrictamente las leyes y reglamentos vigentes en la materia, como las Leyes Nacionales 24240 y 26361, de Defensa del Usuario y Consumidor, la Ley Provincial 1121, Marco Regulatorio del Sistema Eléctrico Provincial, el Contrato de Concesión a REFSA y el Reglamento de Suministro para los Usuarios del Servicio. Conforme a dicha normativa, en los casos en que exista una variación de más del 75 % en el consumo facturado “se impugna automáticamente la misma y la empresa debe probar el aumento impuesto”. De igual manera, subrayó el Ombudsman, todo usuario puede controlar el registro de su consumo tomando una lectura de su medidor en una fecha determinada del mes y otra en la misma fecha del mes siguiente, de la diferencia entre la última lectura y la primera surgirá su promedio de consumo mensual, operación sencilla que aconsejamos se realice siempre. De considerar que las marcaciones son irregulares se procede a impugnar la factura y solicitar un control a los efectos de verificar si el medidor funciona bien o no, de lo que dependerá el pago de lo reclamado por la empresa o la corrección del error, eventualmente, con aplicación de sanciones a la misma. Pero es un total desacierto el pretender hacer creer que, en general, las facturaciones están todas mal realizadas, tomamos dichas afirmaciones como salidas de un sector político que pretende hacer cargar a terceros la responsabilidad por los abruptos aumentos en la energía que fueron ordenados y publicados por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación (MEM) y que hacen que la empresa prestataria de Formosa compre actualmente la energía 6 veces más cara que en el 2015. Es fácil deducir la diferencia, se debe tomar la factura actual, dividirla por 6 y ver el monto que resulta. A los obligados a defender a los usuarios, finalizó diciendo Gialluca, no nos parecen oportunos y menos aún razonables, los aberrantes aumentos que nos han impuesto desde el Gobierno Nacional, de hecho tenemos impugnados ante la Justicia Federal los tarifazos de Febrero de 2016 y 2017, causas que pese a ser amparos, todavía no se han resuelto, no obstante seguiremos insistiendo y de esta manera el objetivo es que la energía eléctrica tenga un precio razonable y que las facturas de energía puedan ser abonadas por los usuarios, siempre dentro del contexto, social, económico y político y es por esto que todos los actuales abruptos aumentos que posee Formosa y las provincias del NEA, se basan o tienen su origen en el aumento inmoral del costo de la energía, impuesto desde el Gobierno Nacional, habiéndose reconocido únicamente para jurisdicciones electrodependientes una Tarifa Social que, “no es universal , es excluyente y económicamente no significa un real beneficio para los usuarios residenciales”.