La Defensoría del Pueblo le solicitó expresamente a la Ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich que proceda a aplicar en forma inmediata el Protocolo Antipiquete para liberar la Ruta Nacional Nº 95 la cual se encuentra cortada al libre tránsito de personas y bienes desde el día lunes 20 de marzo a la altura de la Comunidad Riacho de Oro y que además viene ocasionando graves perjuicios económicos, sociales y de toda índole a la Localidad de Subteniente Perín y Comunidades aledañas.
El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, denunció que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Seguridad, utiliza a las fuerzas de Gendarmería Nacional, y a otras Federales conforme a sus intereses; mirando únicamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dejando librado a su suerte al resto de los ciudadanos que vivimos en el interior del País. Nunca este Ministerio ha generado acciones o gestiones para garantizar los derechos de los formoseños a circular libremente por las rutas nacionales que surcan nuestra jurisdicción y en todo ello entendemos que Gendarmería Nacional a través de sus distintos Escuadrones integra el Sistema de Seguridad Interior previsto en la Ley Nº 24.059 y además el Sistema de Defensa Nacional conforme a lo normado en la Ley Nº 23.554; sin embargo, en Formosa es complaciente con los cortes de rutas donde tiene jurisdicción y no aplica ningún tipo de medida en beneficio de la gente.
El Defensor del Pueblo se preguntó: ¿si acaso los argentinos que viven en Tigre, Vicente López, etc., tienen mejores derechos o privilegios establecidos en protocolos que les garantizan circular libremente en relación a quienes vivimos en Formosa? Evidentemente el Gobierno Nacional manipula conforme a sus beneficios y políticamente a las fuerzas de seguridad nacionales y no nos garantiza al resto de los argentinos una igualdad de oportunidades y en esto mucho tiene que ver también la Justicia Federal que no actúa en consecuencia ante las denuncias presentadas en cuanto a este hecho en particular el día 23 de marzo del 2017.
Es por ello que en el día de ayer, ampliamos denuncia por ante el Juzgado Federal Nº 2 a cargo del Dr. Juan Carlos Vallejos por Subrogación, toda vez que no existen caminos alternativos, se encuentran perfectamente identificados los autores materiales e intelectuales de este delito y sin embargo el control caminero con su patrulla fija de la Gendarmería Nacional, a cargo del Subalferez Hernán A. Méndez, únicamente garantizan la seguridad de los piqueteros y no la del resto de los miles de ciudadanos que tienen el derecho a transitar libremente la Ruta Nacional Nº 95. Entre tanto los consumidores deben pagar el triple del valor de los alimentos o medicamentos si los consiguen ante el desabastecimiento producido por este corte ilegal o trasladarse a otras localidades de la Provincia de Formosa y del Chaco, porque el Ministerio de Seguridad de Nación, únicamente aplica el Protocolo Antipiquete a favor de quienes viven en la Capital, dejando librados a su suerte al resto de los argentinos y la Justicia Federal no se expide en ninguno de estos hechos o delitos tipificados por el Código Penal Argentino.