– La reducción de costos a los comerciantes debe trasladarse a los consumidores para que este Convenio funcione y signifique dejar de lado a los bancos que están cobrando el máximo de lo permitido por la Ley de Tarjetas-
A partir del mes de abril el máximo arancel que podrán cobrar las tarjetas de crédito y débito a los comercios es de 2,5% por cada operación en crédito y 1,2% en débito. Esto surge, señalaron desde la Defensoría del Pueblo, tras los malos resultados del Programa Precios Transparentes, que intentaba reducir los precios de los productos al contado pero coincidió con una fuerte baja en las compras con tarjeta.
Desde el Organismo de la Constitución, informaron que el Acuerdo del Gobierno Nacional entre el Ministro de Producción, Francisco Cabrera, las diferentes Cámaras de Comercio y las empresas Prisma y First Data, que monopolizan el mercado de las tarjetas de crédito en la Argentina, establece que a partir de abril –y durante todo el año– el máximo que podrán cobrar los plásticos a los comercios es de 2,5% por cada operación en crédito y 1,2% en débito. Luego descenderá hasta 1,8% y 0,8% en cuatro años. Actualmente los aranceles máximos son de un 3% para tarjetas de crédito y de un 1,5% para débito. Durante 2018 los aranceles bajarán a 2,35% y 1,1%, para crédito y débito. En 2019 pasarán a 2,15% y 1,0%, para pasar a 2,0% y 0,9% en 2020. El plan de reducción culmina en 2021, cuando se llegarán a comisiones de 1,8% y 0,8%.
El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, señalo que esperamos que esta nueva medida beneficie no solamente a los comerciantes sino también a los consumidores, puesto que los 14 bancos propietarios de Prisma, la empresa que posee el 80% de las tarjetas de crédito y el 72% de las de débito, ejercen actualmente una “posición dominante” en el mercado y ello debe ser resuelto rápidamente por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y desde el Estado Nacional con el Banco Central a la cabeza, solicitamos la incorporación de nuevos medios de pagos “sin comisiones o con comisiones que no sean abusivas a favor del bolsillo de los consumidores y que no sea como sucede actualmente que son los bancos dueños de estas tarjetas son los que imponen las reglas en las relaciones de consumo unilateralmente, cuando debería existir, “una mayor y mejor competencia a favor de los consumidores y no la altísima concentración que se da actualmente”.