La Defensoría del Pueblo calificó de excesivos y arbitrarios los aumentos dispuestos por el Gobierno Nacional en el día de ayer a través del Ministerio de Energía y Minería a cargo del Ing. Juan José Aranguren y que en algunos casos llegaran hasta el 100% con un inevitable impacto en el poder adquisitivo de los consumidores pues a la suba de la energía eléctrica también se le deben sumar la de alimentos, medicamentos, prepagas, en este inicio de año.
El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, denuncio que se nos quiere hacer creer a las provincias del NEA y NOA, que estas medidas no tendrán injerencias en nuestros usuarios residenciales y comerciales y que por otro lado, que se dan estos aumentos de tarifas para que haya una mejor calidad del servicio y para poder garantizar los costos económicos de la generación y el transporte energético.
En lo que respecta al primer punto, si bien es cierto que este nuevo tarifazo se aplicara sobre la generación y el transporte de la energía y por ahora en las Distribuidoras Edenor y Edesur, no es menos cierto que debemos advertirle a los usuarios residenciales y comerciales formoseños, clientes de la distribuidora REFSA, que también nosotros sufriremos igual o mayor impacto, puesto que la energía no la genera Formosa sino que es adquirida a Cammesa y por lo tanto sufriremos estos excesivos incrementos, más aún porque nuestros consumos se fijan entre los 700 y 1000 kv mensuales por lo que debemos estar preparados para abonar facturas con un 100% de aumento, “salvo que el Estado Nacional y/o el Provincial subsidien los citados incrementos”.
Por otro lado, que Aranguren justifique estos aumentos en la necesidad de que las empresas deben recuperar y recomponer sus costos, es algo que los usuarios residenciales venimos escuchando decir hace años y siempre con este argumento, “ la variable de ajuste somos los trabajadores públicos y privados, entre tanto la protección hacia las empresas generadoras, transportistas y distribuidoras, es permanente y a ello se le suma que además del amparo económico a favor de los grandes grupos económicos , nunca vamos a tener una mejora en la calidad del servicio, hasta que no se ejercite una permanente y fuerte fiscalización que obligue a los distintos actores de la cadena de comercialización de la energía a invertir en infraestructura básica y no continuar solamente siendo recaudadoras y receptoras de ganancias que van a parar a cualquier lugar y nunca jamás a mejorar la calidad de un servicio público esencial”.