Ante las denuncias efectuadas por el -Frente Nacional Campesino-, quien expresara su “profunda preocupación”, por los centenares de casos de conflictos por la tierra que se suscitan en la provincia de Formosa y particularmente en los departamentos: Ramón Lista, Matacos, Bermejo y Patiño, la Defensoría del Pueblo, a través de una formal Actuación de fecha 25 de noviembre del corriente año, tomo intervención en el tema y requirió las medidas pertinentes al Instituto de Colonización y Tierras Fiscales.
En su momento y a través del dirigente Benigno López, el citado denuncio supuestas usurpaciones en las posesiones ancestrales de tierras y culpó de ello a empresarios con influencias políticas y económicas. Asimismo expreso que campesinos criollos sufrían usurpaciones en sus tierras con adjudicaciones en ventas, por parte de particulares con supuestos poderes políticos y económicos. Acusó además que empresarios extraprovinciales lograron tierras en zonas productivas, en el marco de un reordenamiento territorial, con documentaciones otorgadas por el Instituto de Colonización y Tierras Fiscales, cediéndoseles a los campesinos a cambio tierras insuficientes e improductivas.
Desde el Organismo de la Constitución Provincial, se informó, la recepción de la Actuación Nº 719 de fecha 05 de diciembre del corriente año suscripto por el Ing. Manuel A. Rodríguez, el cual informó al Ombudsman Provincial, que se ha tomado contacto telefónico directo con el denunciante y se le solicitó ante las variadas y supuestas irregularidades en el manejo de las tierras fiscales del Oeste Provincial, que presente una nómina completa tanto de los aborígenes, campesinos, criollos afectados y señale los parajes cercanos o el lugar donde se darían las mismas.
Llamativamente hasta la fecha, nada ha sido presentado concretamente por el denunciante, no obstante lo cual se consignó que se proseguirán con las Actuaciones y de existir presuntos damnificados, se actuara en consecuencia y si fuera necesario se dará también intervención a la justicia competente, pues hasta ahora, lo único que existe es una “denuncia mediática genérica que no ha sido formalizada en ningún ámbito administrativo y menos judicial”.