Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se informo que luego de dos días de trabajos y gestiones a nivel nacional, en la ciudad de corrientes, y en el marco del II Plenario de ADPRA; los Ombudsman Provinciales, Municipales, el Representante de la Defensoría del Pueblo de Nación, junto a los Delegados de Provincias de cada jurisdicción de todo el país analizaron el esquema tarifario nacional de servicios públicos esenciales: energía, gas y agua.
Los mismos calificaron que la situación es crítica y admitieron que hay mucha incertidumbre y desesperación en la sociedad, incluso afirmaron que aumentaron los comedores sociales sostenidos por las provincias, merenderos y la cantidad de asistentes a los mismos ante la actual crisis económica; remarcaron que es necesario que el Gobierno Nacional tome cartas en el asunto estableciendo subsidios en servicios públicos esenciales para la supervivencia de la sociedad en general.
De esta manera, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca, señaló a que lo que vivimos en la actualidad y por que atendemos, mano a mano a la gente, tanto de capital como de interior, es que se está poniendo en juego ante los reiterados aumentos de los productos alimentarios, las familias, entran en el dilema de alimentarse, o pagar las abultadas facturas de los servicios públicos esenciales” sin ir más lejos existen empleados municipales o jubilados que cobran $5.000 y recibieron facturas de aproximadamente $3.000.
Todos coincidieron en que no nos oponemos a una revisión tarifaria, pero siempre y cuando la misma se haga con audiencias públicas previas y no meras audiencias informativas que son ilegales y que los cuadros tarifarios, contemplen ineludiblemente todas las diferencias sociales, económicas, culturales y climáticas de las distintas regiones de todo el territorio nacional. Asimismo consideraron y exigieron al gobierno nacional, que no sea la corte suprema de justicia la que determine la política energética de la argentina, pues esta es una competencia exclusiva del poder ejecutivo.-