A los enormes incrementos sufridos por las tarifas de servicios públicos, como consecuencia del aumento de los valores de producción y la quita de subsidios dispuestos desde el Gobierno Nacional, se suma el anunciado aumento en el precio del aceite el cual, conforme lo adelantado por los industriales y obreros del sector, oscilará entre el 30 y el 300 %; con lo cual la botella de litro y medio pasaría a costar de $31 a aproximadamente unos $90.
Frente a esta circunstancia, la Dirección de Defensa del Usuario y Consumidor, Contribuyentes y Relaciones de Consumo de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, solicitó formalmente la intervención de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, a cargo del Dr. Miguel Braun, para que se ponga freno a esta nueva suba. En lo que va del año, la Canasta Básica Familiar registró un alza del 29 %, porcentaje en el que retrocedió el nivel adquisitivo de los hogares de los trabajadores argentinos. Sobre el particular el Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca expresó: “No puede dejarse todo librado al libre juego de la oferta y la demanda del mercado, los consumidores nada podemos hacer contra los empresarios e industriales que disponen de los recursos que son indispensables para nosotros, como los productos de primera necesidad. La anunciada suba en el aceite deja expuesto el hecho que estamos a expensas de los grandes grupos económicos, que no reparan en otra cosa que no sea obtener mayores ganancias y prueba de ello es que, en el momento en que éste insumo tan esencial para nuestras familias es retirado del acuerdo de precios o precios protegidos se lo pretende acomodar a valores exorbitantes. Que un aceite de litro y medio pase de costar $ 31 a valer $ 90, como ya se preanunció, implicará otro duro golpe a los consumidores, los cuales ya venimos soportando permanentes subas en todos los productos de la canasta familiar, a los que se suman los de los servicios públicos. Es momento de reclamar que el Estado adopte un rol protagónico en la fijación de precios de las mercaderías y tarifas, pero que se ponga del lado del usuario y consumidor, que somos el sector más vulnerable en la relación de consumo, los industriales y empresarios disponen de los medios y las estructuras suficientes para pujar por lo único que es de su interés, el obtener mayores ganancias, pero ¿Quiénes se deben ocupar de la defensa de nuestros intereses patrimoniales?, la Constitución Nacional en su Art. 42º es clara, nuestras autoridades y es por ello que acudimos a la Secretaría de Comercio de la Nación para que, de una vez, asuma su responsabilidad y ponga freno a las injustificadas subas que, permanentemente, estamos soportando.-”