El Ombudsman Provincial señalo que apoyamos Institucionalmente la medida, pero no es aplicable en la mayoría de las localidades y quizás debió implementarse sin que medien los sistemas de cobro electrónicos-
La nueva ley que establece el reintegro por compras en comercios minoristas efectuadas con tarjetas de débito o crédito habilitadas por la AFIP, mediante las cuales se perciben los haberes, prevé que del total del 21% que se paga de IVA, se podrá recuperar el 15%.
El monto del reintegro no podrá ser inferior al 15% del valor de las operaciones y se accederá al beneficio mediante medios electrónicos de pago, con un tope mensual que será inicialmente de 300 pesos y que luego se irá actualizado de forma semestral.
Desde el Organismo de la Constitución Provincial, se señalo que su aplicación en provincias como Formosa , este Régimen de Reintegro a Jubilados y Pensionados , prácticamente no tendrá relevancia dado que la modalidad establecida es para la compra de productos de consumo masivo y que deben ser efectuadas a través de comercios o supermercados que tengan –posnet- para poder abonar con tarjeta de debito o crédito, lo que “limita lamentablemente el beneficio a la mayor parte de los formoseños de nuestro interior y capital , y por otro lado favorecerá únicamente a las grandes cadenas de súper o hipermercados ya que la mayoría de los pequeños comerciantes, no utilizan estos sistemas de cobro, el cual es resistido como sistemas de recaudación electrónicos que no están masificados en nuestro comercio local y que además los que los poseen , muchas veces se encuentran con que no funcionan por las deficientes prestaciones de los servicios de telefonía tanto fija como móvil que tienen regiones como el NEA”.
El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca señalo que por otro lado, esta reducción del IVA, debería extenderse a la totalidad de los consumidores, máxime cuando nos encontramos en el país ante una grave situación económica para que todos los hogares puedan acceder a bienes y servicios esenciales, y lo ideal hubiera sido entregarlo a través de depósitos en dinero en efectivo.
También afirmo, que es lamentable que con esta ley se beneficie parcialmente a los consumidores y se lesione a los estados provinciales ya que parte de los recursos para la devolución del IVA, como en este caso salen de la coparticipación federal y ello obviamente afecta los fondos que reciben las provincias para afrontar servicios públicos esenciales que se encuentran a su cargo y que hacen a una mejor calidad de vida de todos los ciudadanos; por lo que ya se prevé que esta medida tendrá un costo fiscal anual de aproximadamente 25 millones de pesos.