Ante el permanente y constante incremento en el valor de los bienes y servicios esenciales que deben pagar los consumidores y usuarios, la Defensoría del Pueblo le requirió al actual Secretario de Comercio, Miguel Braun, el acompañamiento a los controles “on line” de miles de precios en los supermercados, de la implementación de medidas y herramientas más efectivas y concretas sobre los formadores de precios en nuestro país, para poder frenar la inflación del último trimestre del presente año.
El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señalo que lo primero que hay que aclarar, es que el poder que cada actor de la cadena de producción tiene para aplicar un margen a lo que vende no es lo mismo que generar inflación. Un valor puede ser caro, pero no variar en el tiempo, con lo cual no es inflación, porque esta se define como un aumento generalizado en el nivel general de precios, y ello es lo que está sucediendo con los productos alimenticios y medicamentos para nombrar dos rubros, en los últimos meses.
Por ello los controles de precios que quiso implementar durante años el gobierno anterior tuvieron un éxito relativo y ahora se reeditan, en alguna medida con esta gestión a través de su herramienta web otro modo o forma de control que no es efectivo tampoco para frenar la inflación.
Gialluca señalo que en nuestro País todos sabemos que en el sector industrial, no más de tres empresas concentran la mayor parte de la oferta de los productos presentes en todas las bocas de venta. Algo similar sucede con el segmento de medicamentos y por esto, su posibilidad de manejar los valores es alta, ya que también son dueños de las segundas marcas. En el segmento minorista, las grandes cadenas de híper y supermercados concentran parte importante del canal comercial y también pueden fijar sus condiciones y altos márgenes de ganancia.
En este contexto, los gobernantes siempre la ven pasar y hasta ahora únicamente piden a los formadores de precios, “un poco de prudencia”, y nosotros los consumidores nos preguntamos porque se permiten los abusos y las cartelizaciones, si los formadores de precios son una minoría a los que bien se podría controlar a través de la AFIP o a través de Auditorias de la Secretaria de Comercio de Nación y que determinen los porcentajes desmedidos de ganancias que siempre tuvieron y que no resignen a la fecha o acaso no nos roban descaradamente con los famosos descuentos del 15, 20 o 25%, o con el pague 1 y lleve 2. Es así que los consumidores estamos desamparados y en un estado de derecho, a través de la Democracia, no hemos votado para que nos gobierne una minoría que constituyen los -formadores de precios-, los cuales no priorizan la ética sino las ganancias y es por esto que necesitamos de manera inmediata, medidas económicas eficaces contra los citados, ya que no estamos en condiciones de un mercado que sea manejado por la oferta y la demanda, “ ya que en estas condiciones siempre somos los consumidores con nuestros ingresos fijos los que no podemos alcanzar a los bienes y servicios con valores en cambio permanente”.