Desde la Defensoría del Pueblo, se advirtió que existen fundadas inquietudes en todas aquellas familias que deben renovar sus contratos de alquiler y también en las que buscan un nuevo alquiler, principalmente en nuestra ciudad capital y que tenga una ubicación que no implique mayores trastornos y gastos de transportes, entre otros.
El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca señalo que en nuestro País, se ha dado un grave retroceso al derogarse la Ley Nº 23091, de Locaciones Urbanas, y considero como insuficientes las regulaciones contempladas en el nuevo Código Civil ya que dejan afuera asuntos como, “la comisión, los garantes y del depósito”.
Añadió el funcionario que tampoco en nuestro medio existen “Asociaciones de inquilinos” y por otro lado los ciudadanos carecemos de un Area especifica del Estado Provincial o Municipal “ que haga de contralor y equilibrio entre los intereses de quienes necesitan alquilar y los propietarios o inmobiliarias por el otro lado”.
Ante esta situación el Organismo de la Constitución Provincial, viene gestionando con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ( ACIJ) la necesidad de presentar un Proyecto de Ley, para regular el alquiler de viviendas y donde se busca principalmente prolongar el plazo de los alquileres de 2 a 3 años, que los valores estén atados a los índices de precios del INDEC, y que la devolución del depósito se haga en el momento en que el inquilino entrega la llave, entre otros puntos.
La principal problemática son los aumentos indiscriminados, donde el sector inmobiliario habla de un treinta por ciento de aumentos, mientras que la realidad es otra, conforme la denuncian los inquilinos y superaría holgadamente el porcentaje citado.
Otro de los puntos más importantes se refiere al plazo de los contratos, que pasaría de dos a tres años, para garantizar «mayor estabilidad a las familias de inquilinos, quienes cada dos años tienen que mudarse, pagar comisiones y negociar aumentos.
Por otro lado al estar los valores de los alquileres atados a diferentes actualizaciones como el precio de la bolsa de cemento, es necesario que los mismos se actualicen conforme a los índices del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), y por ello es que es tan importante que este Organismo Nacional funcione como corresponde para que los consumidores y usuarios tengamos parámetros objetivos y reales de referencias que podamos utilizar al momento de realizar una transacción económica. Además que la devolución del depósito se haga «en el momento que el inquilino entrega la llave, porque las inmobiliarias se los suelen quedar, en los contratos dice que será devuelto después de 60 días de terminado el mismo y eso nunca sucede.
También se pedirá que sea «de orden público» la obligación de los dueños de mantener la vivienda en buen estado, ya que si bien el Código Civil así lo establece, «en los contratos obligan a los inquilinos a renunciar a ese derecho y los hacen responsables del mantenimiento.
El nuevo Código Civil, que entró en vigencia en agosto del año pasado, derogó la Ley Nacional de Alquileres 23.091 -la única ley especial referida a esta problemática- y «absorbió» algunos de sus artículos pero «muchos puntos quedaron sin regular».
Gialluca señalo que existen provincias donde se ha regulado en lo que hace a las locaciones urbanas y se han establecido que las comisiones inmobiliarias deben ser por ejemplo del 6% dividida en partes iguales entre el dueño y el inquilino.
Por otro lado la mayor problemática que se les presenta a las familias numerosas a quienes les resulta muy difícil una vivienda para alquilar y que el precio de la locación sea acorde con sus posibilidades de pago y contra esa problemática vamos a luchar para evitar “los contratos abusivos ya que apuntamos a garantizar y ampliar los derechos de los inquilinos y la realidad nos muestra que aquellas familias que no pueden acceder a un alquiler deben optar por vivir en condiciones no deseadas o en inquilinatos o en asentamientos precarios”.