La -Dirección de Derechos del Consumidor, Usuario y Contribuyentes, Relaciones de Consumo-, de la Defensoría del Pueblo, sugirió al actual Ministro de Hacienda y Finanzas Publicas, Alfonso Prat Gay, y también al Titular de la AFIP, Alberto Abad, que de reducirse el IVA para los productos de la Canasta Básica, en un 18% o un 17%, la misma sea comprensiva para la universalidad de los consumidores y no solamente para los beneficiarios de planes sociales, jubilados, pensionados y otros.
Desde el Organismo de la Constitución, se considero como alentador este Proyecto que de concretarse podría surgir “la aplicación de un IVA diferenciado para los productos de la Canasta Básica de Alimentos y Bebidas, lo que podría implicar una reducción de los precios de los mismos”.
El Ombudsman Provincial, aclaro en la Actuación remitida, que esta medida ya la habíamos propuesto en una oportunidad, sin obtener respuestas sobre la misma y que la acompañamos en ese momento, como un elemento o instrumento que junto a otras medidas económicas que controlen toda la cadena de comercialización, partiendo desde los empresarios que producen alimentos, podamos tener, “ precios reales, justificados y no especulativos de los productos de la Canasta Alimentaria, como son los que existen actualmente”, y que evidentemente no se retrotraerán de ninguna manera y ello lo pagan actualmente los trabajadores públicos y privados, con su salario.