Desde el – Área de Educación – de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, se puso en conocimiento la decisión del Senado de la Nación, que aprobó el ultimo jueves por unanimidad el proyecto de responsabilidad del Estado en la Educación Superior, por el cual se resuelve mantener la gratuidad en la misma.
Se hicieron varias modificaciones a la legislación aprobada en los años 90, y por la cual se creó la posibilidad del cobro a estudiantes, disfrazado bajo la figura de aportes por ejemplo, lo que abrió la puerta a vivir una situación similar a la de Chile.
El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señalo que esta nueva ley garantiza la gratuidad y acompaña la creación de nuevas universidades; donde acude la población de menores recursos.
En este sentido se modificaron varios artículos de la Ley Nº 24.521, sancionada en 1995. El Artículo 2° quedó redactado para explicitar que «el Estado Nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las Universidades Nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las Universidades Privadas».
A su vez, garantiza que sean «las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las responsables de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización» de los Institutos de Formación Superior de sus distritos y casa de altos estudios provinciales si las tuvieren.
Desde la Defensoría del Pueblo, se destacaron estos cambios en la normativa que también apuntan a que las casas de altos estudios promuevan la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, reconozcan las diferentes identidades de género, cultura, y generen una integración regional.
Por eso el texto de la norma define el ingreso a la educación universitaria como «libre e irrestricto». Los fundamentos del proyecto explican que este punto busca evitar que se restrinja el acceso a las facultades públicas vía «exámenes eliminatorios» u «otros mecanismos de exclusión».
Con el mismo espíritu de gratuidad, se les prohíbe a las casas de estudio «suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, Instituciones u Organismos Nacionales e Internacionales públicos o privados que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización».