El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, denunció que, el cierre progresivo y reestructuración de los Registros de la Propiedad del Automotor en la provincia proceso que incluye las históricas bajas de los Registros Seccionales N° 1 y N° 2 de la capital y el reciente cese definitivo del único Registro Seccional de Motovehículos de Formosa, repercute de manera directa en los consumidores y usuarios formoseños a través de una transformación obligatoria hacia lo digital, una redistribución de legajos físicos hacia las oficinas que queden operativas, y una fuerte incertidumbre en los tiempos de resolución de los trámites actuales.
Esta medida, impulsada bajo el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización del Ministerio de Justicia, genera impactos negativos en la vida cotidiana de los ciudadanos: * Trámites pendientes quedan «en un limbo”: el cierre abrupto de dependencias -como ocurrió con el Registro de Motos a cargo del Dr. Darío Héctor Vía- deja a miles de usuarios sin información clara e inmediata sobre cómo retirar títulos, patentes o transferencias que ya estaban pagadas y en proceso de emisión. * Mayor distancia y concentración física: los expedientes y legajos de las oficinas cerradas están siendo reasignados a las dependencias que permanecen abiertas. Para el usuario formoseño, esto se traduce en oficinas receptoras más saturadas, filas más largas y la necesidad de trasladarse mayores distancias si el trámite exige presencialidad. * Brecha digital: aunque el Gobierno Nacional busca que el 100% de los trámites migren a una plataforma remota y abierta de la DNRPA, en Formosa persisten sectores con conectividad limitada o usuarios que no manejan herramientas digitales. Al no poder recurrir a la oficina local, quedan desamparados o forzados a pagar los honorarios de un gestor o mandatario. * Riesgo en la Seguridad Jurídica: entidades del sector advierten que la desconexión o lentitud en los traspasos de bases de datos podría ralentizar la verificación de deudas, embargos o solicitudes de secuestro, exponiendo temporalmente a los compradores a adquirir vehículos con documentación adulterada («mellizos»). La Resolución 538/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el Ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó el cierre de 72 Registros del Automotor distribuidos en distintos puntos del País. La letra chica de la normativa dispone la quita directa de 67 seccionales que operaban bajo un régimen de intervención por no contar con un encargado titular designado. Lejos de cualquier formalidad institucional, la noticia fue exhibida en el plano digital como un nuevo trofeo de la política de recorte estatal. El encargado de festejar el ajuste fue el Ministro Federico Sturzenegger, quien recurrió a su cuenta de X para reivindicar el cierre de las dependencias con un tono irónico: «La Resolución 538/26 del @MinJusticia_Ar, con firma de @juanbmahiques, cierra 72 registros automotor. Nada, eso. Sigan con lo suyo». Con la normativa ya en vigencia, el reloj empezó a correr para las delegaciones afectadas. La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRNPACP) tiene ahora un plazo improrrogable de 60 días hábiles para concretar el cierre físico de las oficinas. Durante este período de dos meses, las autoridades deberán ejecutar la reasignación total de los dominios y el traslado de los trámites que quedaron a la deriva hacia las sedes que lograron sobrevivir a la reducción gubernamental.
El Ombudsman Provincial, denunció que, este ajuste del Gobierno Nacional, recaerá directamente sobre las Provincias y como consecuencia directa del plan de achicamiento, el cierre masivo de estas dependencias supone una mayor concentración de carga laboral para las delegaciones que continúan abiertas. A partir de ahora, el esquema oficial exige que las oficinas absorbentes operen como espacios multitareas, eliminando las divisiones específicas que históricamente organizaban el flujo de trabajo en el sistema. En la práctica, esto implica que un mismo registro deberá inscribir en simultáneo, y de forma indistinta, los trámites correspondientes a autos, motos, maquinaria agrícola, vial e industrial, sumado a las prendas sobre bienes muebles no registrables. Esta nueva tanda de cierres se inscribe en la continuidad de las políticas de ajuste, fusión y recorte instrumentadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, desde principios de 2024. Ahora, la presión operativa recae exclusivamente sobre las áreas técnicas del Estado, que deberán completar a contrarreloj las adecuaciones y el traspaso de documentos para evitar que la motosierra oficial termine paralizando los trámites de los usuarios.