La Defensoría del Pueblo viene recibiendo, en los últimos meses, quejas, consultas y denuncias por deudas no contraídas por clientes de compañías de celulares. Las empresas reclaman por consumos impagos de telefonía celular sin poder comprobar la contratación fehaciente de esos servicios. Los damnificados no realizan denuncias judiciales al respecto, sólo reclamos y gestiones para que los eximan del pago.
El Ombudsman Provincial, considero necesario hacer las denuncias en sede policial y judicial, porque alguien está usando su identidad, sus datos, están efectuando consumos a su nombre, ése es el primer recaudo. Detrás, hay una organización que puede estar cometiendo un delito, Son defraudaciones que no llegan a denuncias porque se resuelven por vía administrativa: la empresa prestó el servicio a alguien que no pueden determinar quién es y destacaron desde el Organismo de la Constitución, que si bien actuamos en caso particulares, las Fiscalías Penales no reciben denuncias al respecto. Son maniobras estafatorias, porque proceden con ardid o engaño previsto en el Código Penal, explico el Defensor.
N. S llegó a las oficinas de la Defensoría del Pueblo para averiguar cómo librarse de una deuda que no contrajo. Poco sabe de informática, teléfonos inteligentes y conectividad 4G. Sin embargo, una empresa de telefonía celular del medio le reclama una deuda de $ 16.000 por las tres líneas que figuran a su nombre, con consumos de Internet. El ciudadano estaba desahuciado, poco entendía de lo que le reclamaban y solamente quería aclarar que no había contratado nunca ningún servicio.
Otro caso, de la señora G.C, se enteró de la deuda de $ 2.000 a su nombre al solicitar un crédito bancario. Estaba informada en el Veraz por la empresa Claro, por dos supuestas líneas de celular que nunca contrató y que reclamaban como suyas. M. D es de Formosa, capital pero la firma Movistar sostiene que debe $ 800 por un celular a su nombre en Mar del Plata. También le reclaman $ 2.000 por otras dos líneas en esa ciudad. Denuncio ante la Defensoría que “Nunca fui cliente de la empresa”, contó M.D, que se presentó en las oficinas locales, planteó su reclamo y logró extinguir la deuda.
En todos estos casos, las gestiones se realizan por vía administrativa. Es un delito porque hay un perjuicio económico y una defraudación en términos generales para hacerse de dinero, en este caso de un servicio.
Para evitar este tipo de fraude, las empresas de telefonía celular implementaron un sistema de formulario que lleva cinco firmas. Se envían a Buenos Aires para hacer un peritaje, y una vez comprobado que la rúbrica no es legítima, se da por cancelada la deuda.
La Defensoría del Pueblo pidió, que quienes tengan este tipo de problemas deben dirigirse a la empresa y pedir el formulario de desconocimiento de servicio, que prevé una respuesta en los 30 días siguientes. Si no les contestan, pueden venir a la Defensoría, y desde aquí, se le harán las gestiones necesarias en forma gratuita, y a veces puede haber demoras en resolver las causas pero lo importante es que se logra y nunca hay que pagar lo que uno no contrato y menos aun acordar con Estudios Jurídicos externos, que las empresas contratan para “amedrentar y meter miedo a nuestra gente o hacer firmarles Acuerdos o Convenios Extrajudiciales por montos altísimos a los que se incluyen tambien gastos administrativos y honorarios profesionales.