En la quinta Marcha Federal Universitaria llevada a cabo en el día de la fecha, mediante la cual se busca que el Gobierno Nacional de Javier Milei, cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, a lo que se sumaron reclamos contra el DNU 70/23, el problema de las familias endeudadas, desfinanciamiento hacia las personas con discapacidad, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, denunció que mientras las/os, mujeres y hombres de Gendarmería Nacional, Policía Federal y otras fuerzas, descuidan desde hace tiempo nuestras fronteras, a lo que se le suma que este Gobierno Nacional, les ha destruido su Obra Social, debiendo atender a sus familiares en los Hospitales Públicos, cobrando ingresos paupérrimos según las jerarquías, no se comprende la “saña y brutalidad hacia los diferentes actores de una protesta social”.
Simplemente, no podemos dejar de hacer notar, “que cada cartucho de gas lacrimógeno de 38 mm tiene un costo aproximado de U$S 169 de acuerdo a los Registros de Compras del Ministerio de Seguridad, estamos hablando que cada disparo significa $ 250.000 mil pesos, cifras que equivalen a una jubilación mínima. Estos operativos conllevan un gasto estimado de $ 50 millones de pesos frente al Congreso de la Nación, contemplado, combustible, insumos químicos, gases lacrimógenos, gas pimienta, equipamiento de protección, sin contar horas adicionales de las fuerzas movilizadas”. Gialluca concluyó que el mismo gobierno que permanentemente “dice no hay plata” para discapacidad, jubilados, pensionados, reparar rutas, puentes, escuelas, hospitales, ciencia y tecnología, GASTA FORTUNAS EN TODO TIPO DE ARMAMENTOS PARA LAS FUERZAS DE SEGURIDAD NACIONALES, que terminan descargándose en los cuerpos de estudiantes, jubilados, profesores, trabajadores de prensa, violando todo protocolo de uso de esas armas llamadas “no letales”. POR ESTO AFIRMAMOS QUE PLATA SOBRA, PERO NO PARA SER DESTINADA A LOS SECTORES MAS VULNERABLES DE LA ARGENTINA.