-Gialluca denunció que, el Gobierno Nacional presenta un Proyecto contra el “fraude en pensiones por invalidez” y en realidad, lo que pretende es un, nuevo ajuste, recortando derechos y suspendiéndolos a quienes más lo necesitan para sostener este modelo de exclusión social, “porque fraude en realidad, es no cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada por el Congreso de la Nación” y pretender que, sea la CSJN quien decida la normativa aplicable, sin respetarse la división de poderes, ignorando el P.E.N. a todos los Representantes de ambas Cámaras de Senadores y Diputados-
La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, junto a la Asociación Camino Azul TEA Formosa y Padres de hijos con discapacidad, rechazaron las intenciones del Gobierno Nacional de reformar la Ley de Discapacidad mediante un Proyecto enviado al Congreso. Para justificar esta “iniciativa que deliberada y sistemáticamente busca continuar con ajustes irracionales e ilegales al sector de las personas con discapacidad, desconociendo que la actual ley fue aprobada y ratificada el pasado mes de septiembre por ambas Cámaras del Congreso que rechazaron el Veto Presidencial y donde luego se reglamentó a través del Ministerio de Salud y la Secretaria de Discapacidad (Ex ANDIS), sin respetar lo decidido por el citado y estableciéndose exigencias que eliminan derechos a este colectivo altamente vulnerable, la Casa Rosada hoy “dice que se trata de una iniciativa contra el fraude en los haberes por invalidez”. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, denunció que, “este Proyecto de Ley busca desconocer lisa y llanamente al Congreso de la Nación y pretende olvidar la división de poderes, solicitando que la CSJN sea quien decida sobre el particular, cuando lo que se debe hacer es respetar la ley vigente aprobada por nuestros representantes”.
Proyecto de Nueva Ley de Discapacidad: la misma busca reempadronamientos obligatorios y auditorías de la Secretaría de Discapacidad, la que quedaría facultada para exigir el mismo en un plazo de 90 días (prorrogables por otros 30). Se prevé además que, aquellos titulares que no actualicen su información personal, socioeconómica y médica ante la Secretaría de Discapacidad sufrirán la suspensión automática del beneficio. Además, el sistema de auditorías periódicas incluirá el cruce de datos masivo entre la Secretaría de Discapacidad, ANSES, ARCA y el SINTyS, buscando con ese mecanismo de fiscalización, dictar suspensiones preventivas ante la detección de cualquier inconsistencia documental o patrimonial que no encuadre en los nuevos requisitos de invalidez laboral.
Incompatibilidad laboral y cambios en los haberes según la Secretaría de Discapacidad: otro de los puntos más polémicos de la reforma es la modificación del criterio de compatibilidad con el empleo. Mientras que la normativa anterior permitía que un beneficiario trabajara formalmente siempre que no superara los dos salarios mínimos, el nuevo proyecto de la Secretaría de Discapacidad declara la incompatibilidad total de la pensión con cualquier vínculo laboral formal. Esto significa que acceder a un empleo registrado implicaría la baja inmediata de la asistencia estatal. Asimismo, la Secretaría de Discapacidad ratifica que el monto de la pensión equivaldrá al 70% de la jubilación mínima, pero elimina facultades discrecionales que permitían aplicar aumentos adicionales por zona geográfica desfavorable o grados específicos de invalidez. El proyecto también redefine cómo se costean las prestaciones. Se elimina el artículo que obligaba a actualizar los aranceles médicos de acuerdo a la movilidad jubilatoria, otorgando mayor discrecionalidad al Ministerio de Salud para asignar partidas según disponibilidad del Tesoro. Finalmente, la misma está acompañada por una Reforma a la Ley de Salud Mental, que busca ampliar las facultades de intervención en prevención y rehabilitación. Por último, Gialluca afirmó que, el Gobierno Nacional, vuelve a instalar una mirada estigmatizante sobre las personas con discapacidad y lo que es más grave, desvía el foco de la verdadera problemática que existe y que no es otra que la crisis estructural del sistema, pues, mientras ponen en duda el acceso a derechos, este colectivo atraviesa hoy: * Incumplimiento de prestaciones, * Atrasos arancelarios, * Pagos irregulares, * Deudas acumuladas. Cuando justamente estamos exigiendo que se cancelen las deudas, que se regularicen los pagos mensualmente, que se actualicen los aranceles y que se respeten los derechos adquiridos de los beneficiarios de las pensiones por discapacidad.