-El Fondo Vial Nacional ya no existe y actualmente las obras tienen otras fuentes de financiamiento, por ello, se reiteró al Ministro de Economía, informe a dónde van a parar los billones de pesos que se recaudan-
El Subgerente de la Gerencia Ejecutiva de Relaciones Institucionales, Comunicaciones y Política de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Martín Nahuel Zangirolami, informó a la Defensoría del Pueblo, que ya no existe el -Fondo Vial Nacional-, el cual era un ente financiero que, junto con la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), se encargaba de invertir y desarrollar la infraestructura vial del país. Su función principal era recaudar fondos y destinarlos a proyectos viales como la construcción, mantenimiento y mejora de rutas nacionales y corredores estratégicos, integrando así el territorio nacional. Desde ahora, señala el informe, conforme a los previsto por la Ley Nº 24.156, para el desarrollo de la actividad de la DNV (construcción y mantenimiento de la Red Vial Nacional y caminos complementarios) se cuenta con la asignación de créditos presupuestarios destinados a la ejecución de gastos de capital, conforme al proceso de formulación y aprobación del presupuesto nacional.
Los recursos que se afectan a los fines de la construcción y mantenimiento de la Red Caminera Nacional, poseen diversas fuentes, como 1) El Tesoro Nacional; 2) Recursos Propios, 3) Recursos de Afectación Específica; 4) Transferencias Internas; 5) Crédito Interno; 6) Crédito Externo. Por su lado, el Jefe del Distrito 22 Formosa de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Ing. Víctor Padilla, brindó antecedentes al Organismo de la Constitución, que permitió acceder al detalle de proyectos viales de la DNV estipulado para la Provincia de Formosa a ser ejecutados en el 2026 y que incluyen: La duplicación de la calzada en la autovía Ruta Nacional Nº 11, tramo límite con la Provincia del Chaco, empalme con la Ruta Nacional Nº 81 y la Recuperación y mantenimiento de la Ruta Nacional Nº 11, Provincia de Formosa.
El Ombudsman Provincial, volvió a denunciar ante el Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo, la discrecionalidad, con la cual, el Estado Nacional maneja el impuesto a los combustibles, creado con el fin de financiar obras viales, “dado que los permanentes aumentos en los precios de los mismos, evidencian una paradoja difícil de justificar, un gobierno que hizo de la baja de impuestos, una bandera, termina incrementándolos y además, no garantiza que los fondos recaudados cumplan con su propósito original, mientras las rutas continúan deteriorándose”. El Funcionario Provincial, señaló que, de acuerdo con un relevamiento realizado por legisladores, en 2024 solo el 88% de los fondos recaudados fue utilizado en parte para inversiones financieras, principalmente plazos fijos en el Banco Nación y bonos públicos. El sistema que debía garantizar el mantenimiento de las rutas hoy acumula recursos que no llegan al asfalto. La falta de ejecución se refleja en los números oficiales.
El programa “Pavimentación de Rutas Nacionales” alcanzó apenas el 24% de sus metas el año pasado: de los 205 kilómetros planificados, solo se completaron 49. La situación preocupa a las provincias, que denuncian el deterioro del estado de las rutas nacionales y advierten por el incremento de los accidentes viales asociados a la falta de mantenimiento. Mientras tanto, el Gobierno Nacional, proyecta un incremento significativo en la presión fiscal sobre los combustibles para 2026. Según el proyecto de Presupuesto, el impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono será el tributo con mayor crecimiento interanual, con una suba del 72%. La recaudación total pasaría de $4,4 billones en 2025 a $7,6 billones en 2026, lo que implicaría un aumento de 0,23 puntos porcentuales del PBI. Sin embargo, no está previsto que ese incremento se traduzca en una mejora proporcional de la inversión vial, y lo que es más grave, “que el bolsillo de los consumidores sigue siendo afectado, como así también, los costos del transporte”. Con rutas cada vez más deterioradas y obras paralizadas, el aumento constante del impuesto a los combustibles evidencia que los fondos recaudados no se traducen en mejoras visibles, volviendo a poner en debate el destino de estos recursos en la agenda económica y política del país.