-La misma establece actualizar las retribuciones para los prestadores de servicios, entre ellos, transportistas, acompañantes terapéuticos, hogares y los fondos correspondientes a los trabajadores con discapacidad que son empleadas en talleres asistidos que cobran $28.000 mensuales, remuneración que no se modifica desde febrero del 2023, solicitándose también una mayor eficiencia en todo el proceso de Auditorías que se viene llevando adelante y la aprobación de pensiones, dado que en los últimos 14 meses se otorgaron 586 de las 500.000 solicitudes en todo el país-
Desde la -Dirección de Discapacidad- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se solicitó formalmente al Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, Martín Menem, como así también a los Presidentes de la Comisión de Discapacidad, Arroyo Daniel, a Yedlin Pablo Raúl que preside la Comisión de Acción Social y Salud Pública y al de Presupuesto y Hacienda Espert José Luis, que el próximo jueves 29 de mayo, acompañen el proyecto que propone declarar la emergencia en discapacidad, para que luego pase al Senado de la Nación. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, advirtió que, desde el Gobierno Nacional de Javier Milei, “se ha admitido la necesidad de reformar el actual sistema de auditorías que se está llevando adelante, aunque hasta la fecha, la ANDIS no ha formulado ningún nuevo anuncio, en medio de una parálisis total en el otorgamiento de pensiones”.
El Funcionario Provincial, sostuvo que, conforme a las últimas medidas, estamos en condiciones de afirmar que las mismas son “maniobras de distracción” para reducir lo que el Gobierno Nacional llama “gasto social”, afectando de esta manera la situación económica y social para las personas con discapacidad y cercenando los derechos de los mismos. Recordó que, durante el Gobierno de Mauricio Macri, se fundó la ANDIS y que, a la fecha, se continúan recortando programas y asistencias de medicamentos para este colectivo, en conjunto con el Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello, que prosigue con los ajustes en las áreas de Niñez, Adolescencia y Familia, a través de una serie de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, dirigidas a los sectores más vulnerables, que se encuentran actualmente en situación de riesgo. En este contexto, la ANDIS rechaza la emergencia en discapacidad al entenderla como una iniciativa regresiva, que apela a un modelo asistencialista que ya fracasó, desatiende los estándares internacionales y posterga la verdadera inclusión. Es por ello que, Gialluca afirmó “que las pensiones correctamente otorgadas no son la salvación de una persona, pero sí constituyen el piso de una autonomía económica especialmente para las personas con discapacidad, máxime cuando estas últimas se quedan sin sus padres y es aquí donde el Estado no puede ni debe desentenderse de las mismas”.